La entrada de la Fiscalía Anticorrupción en la investigación abierta contra la Junta de Andalucía por un posible delito de prevaricación en el abuso de contratos de emergencia -a mano, sin publicidad ni competencia competitiva- hasta tres años después de que la pandemia de Covid-19 pusiera en máxima tensión al ejecutivo de Juan Manuel Moreno.
El PP andaluz no esperaba que el PSOE formalizara la denuncia que llevaba anunciando desde hacía casi un año, no esperaba que un juez abriera diligencias y menos aún esperaba que el Ministerio Fiscal confiara este caso al Departamento Anticorrupción. en lugar de la Fiscalía ordinaria. Todo esto ocurrió en el último mes, sin que el gobierno de Moreno sepa aún qué se investiga ni quiénes se investigan y, por tanto, cómo defenderse. El nivel de nerviosismo este miércoles en el Palacio San Telmo era palpable.
El Ayuntamiento no recibió la denuncia presentada por los socialistas ante el Juzgado de Educación núm. 13 de Sevilla el 20 de junio, porque allí se comprobaron y documentaron presuntos hechos delictivos -entre ellos malversación de caudales públicos y prevaricación- que suponen un perjuicio para la administración andaluza.
Para conocer los términos exactos de la denuncia, el manager de Moreno tendría que retractarse, es decir, admitir cierta seriedad y preocupación hacia un asunto jurídico que, hasta el momento, ha subestimado, y aparecer como parte perjudicada. Esta reticencia a dar este paso es similar a la del anterior Gobierno socialista, que tardó mucho en comparecer en la causa judicial de los ERE, mientras que el PP, como acusación particular, controlaba toda la información de la investigación durante la investigación.
La sensación de confusión que se apoderó el miércoles del entorno del presidente andaluz es muy similar, sobre todo porque la causa judicial cuenta hoy con más documentación que hace un mes y abarca un periodo más largo. Desde que el juez Francisco Javier Santamaría aceptó el pasado 3 de octubre la denuncia del PSOE de Juan Espadas y abrió diligencia por un presunto delito de abuso administrativo, los socialistas han ampliado la denuncia original y presentado una denuncia al mismo tiempo que aparecían como acusación popular. .
La ampliación de la denuncia contra el Gobierno de Moreno, que ahora investigará la Fiscalía Anticorrupción, abarca ya cuatro años de un supuesto «sistema paralelo» de contratos manuales con la sanidad privada: 2020, 2021, 2022 y 2023.
Una queja y una denuncia
Los socialistas han depositado ante los tribunales lo que llevan meses denunciando en el Parlamento andaluz, es decir, que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha prorrogado durante dos años y medio las negociaciones urgentes (manuales) con clínicas privadas, aprovechando el marco regulatorio. marco excepcional permitido por el Gobierno central en el peor momento de la pandemia, cuando ya había sido derogado.
Un sistema que arranca en 2020, pero que el Ayuntamiento prorroga mediante prórrogas y adendas de gasto hasta mayo de 2023, triplicando el presupuesto inicial que había asignado a las clínicas privadas para vaciar las abultadas listas de espera de pacientes para cirugía.
Entre medias se suceden dos fechas clave: en mayo de 2021, el Gobierno central deroga el real decreto que priorizaba la contratación de urgencia para responder al Covid, y un mes después, en abril, la Consejería de Hacienda envía una instrucción por escrito a todos los departamentos de Andalucía Gobierno -entre ellos el SAS- les insta a dejar de utilizar este procedimiento que ya ha sido «totalmente derogado» y, por tanto, debería tener un uso «residual».
Pese al aviso escrito y a las normas derogadas, el Ministerio de Sanidad siguió prorrogando manualmente estos contratos otros dos años más, ampliando un expediente inicial que se creó con un presupuesto de 70 millones -para derivar pacientes a clínicas privadas- y está terminado por encima de los 243 millones. euros.
Este hecho de oídos sordos a la ley, a las directrices de la Comisión Estatal de Contrataciones y del propio Ministerio de Hacienda es lo que empujó al PSOE a situar el delito de abuso en el centro de su denuncia. Es el indicio delictivo que hipotetizó el juez del caso, al margen de que las pesquisas le lleven a investigar otros indicios delictivos denunciados por el PSOE, como la malversación de fondos.
Este diario reveló que desde hace dos años SAS adjudicaba contratos millonarios a clínicas privadas, aprovechando el marco legal ya vencido por la pandemia y en contra de criterios de Hacienda. elDiario.es publicó el expediente original, de 70 millones, y las cuatro resoluciones de prórrogas y ampliaciones continuas del presupuesto inicial que acabó triplicándose dos años después. Esta información fue publicada la noche del domingo 12 de marzo de 2023.
En las siguientes 48 horas se produjeron dos hechos significativos: el primero, la intervención central de SAS notificó por escrito a la dirección que había detectado graves irregularidades en los contratos de emergencia del ejercicio 2021; y dos, que la Junta de Andalucía anuncie de repente la suspensión de este tipo de contratos.
Las novedades, el aviso de intervención y la suspensión de contratos
El lunes 13 de marzo de 2023 este diario publicaba la continuación de la exclusiva lanzada el día anterior: los contratos de la Junta de Andalucía con clínicas privadas llegan en junio de 2023 con un coste de 243 millones. El presupuesto inicial de aquel dossier era de 70 millones de euros en premios seleccionados.pero Sanidad amplió esos contratos cuatro veces durante casi dos años, con posteriores adiciones de gasto, hasta alcanzar los 243 millones en el verano de 2023.
A continuación, el SAS reconoció que había autorizado dos nuevas resoluciones de prórroga hasta finales de 2022, ampliando dos años y medio la contratación de emergencia con la sanidad privada hasta esa fecha.
24 horas después, martes 14 de marzo, El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, anunció la cancelación de los contratos de emergencia y aseguró que SAS volverá a la negociación ordinariacon publicidad y concurso, a partir del 30 de junio de 2023, fecha de vencimiento de la última prórroga de los contratos contractuales. “El objetivo es que no se sigan prorrogando” [los contratos de emergencia]Fernández Pacheco lo confirmó a preguntas de los periodistas tras el Consejo de Gobierno.
El mismo martes 14 de marzo el auditor de SAS envió por escrito a la dirección general «un aviso antes de emitir el informe intermedio» sobre los contratos de adquisiciones durante el ejercicio 2021. Este escrito constituye una advertencia previa para que SAS reciba una relación desfavorable, lo cual. incluye el incumplimiento de la normativa o “cualificaciones especialmente relevantes”. Es como una señal de alarma, regulada en el apartado decimoctavo de la Resolución de 27 de octubre de 2021, de la Intervención General de la Junta de Andalucía.
A partir de entonces, el SAS tuvo conocimiento de las objeciones a la Intervención, que finalmente le llegaron en el informe provisional sobre los contratos de adquisiciones de 2021, que lleva la fecha del 12 de junio de 2023 (incluso con los contratos de emergencia con clínicas privadas vigentes). El SAS presenta acusaciones que son anuladas por la Intervención y la Autoridad Fiscal reitera en el informe final todas sus críticas contra el abuso de la contratación de emergencia: el abuso de la contratación selectiva, con la que se adjudicaron casi 300 millones de euros en un año, sin publicidad ni competencia competitiva o inspección previa.
En ese informe, el organismo supervisor critica al Consejo por el uso «incorrecto» de este tipo de contratos de emergencia un año después del impacto de la crisis sanitaria, y subraya que esta decisión «no tiene justificación» porque, en mayo de 2021, «El La pandemia ya era muy moderada”, y siendo por tanto más “predecible” que 2020, “ya deberían haberse contratado según el procedimiento ordinario”. El Gobierno andaluz reaccionó a la publicación de este informe con los mismos argumentos de sus acusaciones, que ya había desmentido el Tribunal de Cuentas: “Lo hicimos para salvar vidas humanas”.
El caso contra el Gobierno andaluz por contratos de atropello afecta a todo este proceso, que los socialistas ya han defendido en el Parlamento andaluz, instando en vano al PP a aceptar una comisión de investigación en la Cámara antes de acudir a los tribunales. Su denuncia recoge las primeras memorias de gastos de SAS, las prórrogas, las adendas que inflaron el presupuesto y, finalmente, el informe de la propia intervención del Ayuntamiento relativo al ejercicio 2021, que salió a la luz cuando ya habían registrado la denuncia, y se se incorporó posteriormente, en una ampliación realizada el 31 de julio.
juez santamaría Ya ha solicitado documentación sobre los contratos de urgencia con clínicas privadas a la Intervención General de la Junta de Andalucía, al Tribunal de Cuentas y a la Intervención Central del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La necesidad de estos documentos ya aparece en el auto de inicio del procedimiento de instrucción previa por un presunto delito de abuso administrativo, sin perjuicio de lo que pueda surgir de las investigaciones en la fase preliminar del caso.
La Unidad Anticorrupción, que acaba de retomar su investigación sobre los contratos seleccionados, tendrá acceso a la documentación solicitada por el juez que dirige las investigaciones. A partir de ahora, la Fiscalía podrá instar al magistrado a seguir una línea investigativa concreta, basada en sus propias investigaciones, pero será el tribunal el que acepte o rechace su planteamiento.