La delegada territorial de Sanidad y Consumo condena los hechos y apoya a las víctimas, por las que sus compañeros se han reunido hoy en el Centro de Salud y Hospital de Jerez
El Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra ha organizado hoy dos manifestaciones para denunciar el episodio de violencia ocurrido ayer por la mañana en el Centro de Salud de Rota, donde un conductor fue agredido físicamente y una enfermera fue agredida verbalmente. La delegada territorial de Sanidad y Consumo, Eva Pajares, condenó estos hechos y expresó toda su solidaridad con los profesionales afectados por esta plaga, “fruto de una pérdida del principio de autoridad, un problema de educación y nivel de tolerancia”.
Los hechos ocurrieron cuando un hombre y una mujer ingresaron a urgencias del centro de atención primaria pidiendo tratamiento para la mujer; El conductor les dijo que pidieran cita con la enfermera, ya que no era una situación urgente, y el matrimonio empezó a tirarle a este profesional todas las herramientas que encontraban a mano (pantalla protectora, un monitor…), provocándole un hematoma. . . Una enfermera acudió en su ayuda y recibió numerosos insultos y gritos por parte de los agresores. Finalmente llegó la policía y se está tramitando la denuncia correspondiente.
Los encuentros con lectura del manifiesto tuvieron lugar en el Centro de Salud de Rota y en el Hospital Universitario de Jerez, donde estuvieron presentes la Responsable de Área, Lourdes García, y su equipo directivo.
Justo a principios de mes, el hospital de Jerez fue escenario de una reunión a nivel provincial del Consejo Técnico de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en la que el Banco de Buenas Prácticas presentó un documento de solicitud El Se presentó el Plan de Prevención y Tratamiento contra agresiones a profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía. A la reunión asistieron los responsables de las unidades de prevención de riesgos laborales de los centros sanitarios de la provincia de Cádiz, así como los sindicatos.
El Banco de Buenas Prácticas incluye varias acciones y medidas encaminadas a prevenir ataques y minimizar sus consecuencias y, por otro lado, mejorar la atención recibida y percibida por los trabajadores de los centros de tratamiento de SAS tras recibir un ataque. El objetivo que se persigue es poner a disposición de los centros sanitarios un conjunto de medidas para que, a partir del análisis concreto de sus casos y del contexto actual, puedan evaluar qué aspectos se pueden mejorar a la hora de abordar el problema que supone la exposición de los profesionales a conductas violentas. en el lugar de trabajo por parte de los usuarios y que se concreta en agresiones físicas y verbales.
Cabe recordar que en la provincia de Cádiz existe una comisión provincial contra las agresiones a los profesionales de los centros sanitarios, una herramienta contemplada en el Plan de Prevención y Tratamiento del SAS y cuyo objetivo es encontrar puntos de mejora que se traduzcan en una disminución del rendimiento físico o ataques verbales. Estas reuniones, a las que asisten los responsables de atentados en hospitales, distritos, áreas de salud y el 061 de la provincia, se realizan trimestralmente en distintos horarios. Asimismo, forman parte de la comisión, presidida por Eva Pajares, los interlocutores de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, tanto de Cádiz como del Campo de Gibraltar, así como el interlocutor sanitario, el asesor jurídico y la Secretaría General de la Delegación Territorial de Salud. y asuntos del consumidor.
Sanidad también cuenta con diversas herramientas para combatir esta lacra incluidas en el Plan de Prevención y Tratamiento de Ataques, como la creación de la figura de ‘guía profesional’, la implantación de canales ágiles y rápidos para que la persona víctima de un ataque sea verbal o física, no permanezca sólo unos instantes después de sufrirla; asistencia psicológica durante el tiempo que sea necesario; fortalecer las medidas de seguridad en los centros de salud y las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo; o capacitar al personal para hacer frente a incidentes de violencia.
El delegado territorial advirtió a los agresores que existen sentencias que consideran estos actos como un delito de agresión, castigado con penas de uno a tres años de prisión, «y hay penas coercitivas sólo para delitos menores». De hecho, una reciente sentencia del Juzgado de Instrucción número 4 de Jerez de la Frontera condenó a un paciente por el delito leve de haber amenazado a un médico de familia con la prohibición de acercarse a su víctima a una distancia de 200 metros durante un periodo de seis meses. así como la comunicación con éste, por cualquier medio o sistema, durante el mismo plazo.