Ecologistas en Acción critica las condenas por denuncias falsas al considerar insuficiente la respuesta judicial a una trampa que pretendía encarcelar a Clavero y desacreditar su activismo en defensa de la vía pública.
Sábado 19 de octubre de 2024. La Audiencia Provincial de Cádiz ha dictado sentencia en la causa de concierto para delinquir contra Juan Clavero, activista de Ecologistas en Acción, detenido en 2017 tras una denuncia falsa que le vinculaba con el tráfico de drogas. Los dos principales acusados, Manuel Alcaide Parra y José Miguel Herrera Díaz, fueron condenados a un año de prisión por informes falsos y a pagar a Clavero una indemnización de 20.000 euros. Sin embargo, tanto el activista como Ecologistas en Acción consideran las sanciones insuficientes dado el grave daño que podría haber causado la asamblea.
La trama, organizada en 2017 durante una marcha en defensa de la vía pública de la Sierra de Grazalema, consistía en introducir droga en el vehículo de Clavero para que la Guardia Civil pudiera detenerle. Durante el juicio se demostró que José Miguel Herrera, director de la empresa Breña del Agua Investments SL, fue el artífice del plan y que Manuel Alcaide colocó la droga en el coche del activista haciéndose pasar por un simpatizante ecologista.
Aunque el tribunal reconoció los hechos y dictó sentencia, tanto Clavero como la organización ecologista lamentan que las penas impuestas no reflejaran la gravedad de lo que podría haber sido una detención injusta. Se habían solicitado mayores indemnizaciones y sanciones adicionales por conspiración para cometer detenciones ilegales y simulación de delitos, que finalmente no fueron aceptadas.
Además, la absolución de otros dos imputados y de la empresa Breña del Agua como responsabilidad civil subsidiaria generó malestar, sobre todo por la falta de pruebas que pudieran haber cambiado el resultado del juicio. No se presentaron registros clave que hubieran vinculado a otros involucrados en la organización del complot.
Juan Clavero es un activista con una larga trayectoria de defensa del medio ambiente y el uso público de las vías pecuarias, enfrentando repetidamente a propietarios privados que bloquean el acceso a la vía pública. El caso, que pretendía destruir su reputación y frenar su labor en defensa del territorio, terminó con una condena, pero dejó abierta para muchos la necesidad de una mayor firmeza judicial ante este tipo de ataques contra defensores colectivos de derechos.
Ecologistas en Acción ha anunciado que estudia la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo, pidiendo un endurecimiento de las penas impuestas y el reconocimiento de más delitos que permitan hacer justicia plena.