El Gobierno andaluz se vio obligado a rectificar el contrato por valor de algo más de 200 millones de euros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para organizar varios servicios con asistencia sanitaria privada y reducir las listas de espera. que se han disparado en el último año y medio. La ministra de Sanidad, Catalina García, reconoció este lunes que es necesario elaborar un nuevo documento para corregir las “infracciones legales insalvables” destacadas en una sentencia del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la administración autonómica que acordó la nulidad de el fallo. procedimiento, de acuerdo con el recurso presentado por una empresa de radiodiagnóstico de Córdoba.
Se espera que la redacción de los nuevos términos de referencia, de acuerdo con los cambios propuestos por el tribunal que controla los contratos del consejo, esté finalizada y se saque a licitación la próxima semana, según el concejal. Esta rectificación, que atañe exclusivamente a la contratación de servicios sanitarios de pruebas diagnósticas para usuarios del SAS en centros sanitarios y servicios privados de Andalucía y provincias limítrofes de otras comunidades autónomas, retrasará la tramitación de la Acuerdo marco por 734 millones de euros, y que incluye también el envío de pruebas quirúrgicas, que no ha sufrido alteraciones, subrayan fuentes del Ministerio de Sanidad. El nuevo contrato mantendrá el mismo valor global estimado que el que presentaba anomalías y fue cancelado: 201.111.854 euros.
Este revés –que la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del SAS hizo público el 23 de noviembre, 13 días después de que el tribunal administrativo hubiera emitido su resolución contraria a los pliegos que regulan los convenios para pruebas diagnósticas con entidades privadas– se produce menos de una semana después de La oposición (excepto Vox) pidió la dimisión del ministro de Sanidad tras conocerse que más de un millón de andaluces estaban en lista de espera. Los datos, conocidos con un año y medio de retraso porque, debido a «un problema técnico», el Ayuntamiento no los actualizaba desde junio del año pasado, son especialmente preocupantes en el caso de los pacientes que llevan más de un año esperando. año de operación, que se ha triplicado.
El Consejo se anticipó a las cifras y las anunció a principios de octubre Pretendía conceder dos contratos públicos por 734 millones para la sanidad privada realizar cirugías, consultas y pruebas diagnósticas en los próximos cuatro años, a partir de 2024, reduciendo así la larga lista de espera. El Gobierno andaluz ha justificado el aumento de pacientes en espera de cita para operarse con la falta de médicos y las consecuencias del Covid, pero los sindicatos apuntan directamente a la mala gestión de la sanidad pública por parte del Gobierno de Juan Manuel Moreno y señalan que este aumento en listas de espera demuestra que las políticas de derivación de pacientes a la sanidad privada no contribuyen a solucionar el problema.
La modificación de los pliegos a los que está obligado el Consejo tiene origen en el recurso presentado por el organismo de Resonancia Abierta de Córdoba contra el anuncio de licitación y los pliegos que regulan el convenio marco para la coordinación de servicios de pruebas diagnósticas. La empresa no quiso expresar valoración alguna sobre la decisión adoptada por el tribunal administrativo, que primero aceptó la medida cautelar de suspensión del procedimiento solicitada por ella y luego la declaró nula. Esta ley, que ahora será subsanada, prevé la adjudicación de un total de 34 lotes, por el citado importe de 201 millones de euros.
Señor Moreno, ¿esta resolución que tumba su proyecto de concierto privado «por defectos legales insalvables» es un nuevo «error técnico» en su gestión de la salud pública andaluza?
como acabo de decir @RadioSevillaExijo que ahora expliquéis a los andaluces cómo… https://t.co/pRqP88zTxm
— Juan Espadas Cejas (@_JuanEspadas) 27 de noviembre de 2023
Lo más sorprendente es lo que ocurre más cerca. Para no perderte nada, regístrate.
La recurrente tampoco quiso explicar qué condiciones de la licitación consideraba contrarias a la legislación, pero el hecho de que el tribunal administrativo anulara el contrato dio más argumentos a los partidos políticos y sindicatos del sector en sus críticas a la La gestión del gobierno andaluz en materia de salud. El líder de la oposición, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, cuestiona al presidente andaluz en su informe: «Señor Moreno, ¿esta resolución que tumba su plan de conciertos privados ‘por defectos legales insalvables’ es un nuevo ‘error técnico’ en su gestión de la salud pública andaluza?», y luego preguntó, en declaraciones a la cadena Ser, quien fue quien avanzó la información, para “dejar de transferir recursos a la sanidad privada e invertir esos fondos en nuestra sanidad pública”.
En términos similares se expresó Antonio Macías, responsable del área de Salud de UGT en Andalucía: “Hay 200 millones que se podrían destinar directamente a la sanidad pública para reducir las listas de espera, pero es dinero que se dará a la empresa privada”. . “La rescisión del contrato demuestra también que no sólo no saben gestionar la sanidad pública, sino que ni siquiera saben gestionar las ayudas que dan a los empresarios privados”, añade.
