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Trabajadores cristianos de Andalucía y Cataluña apoyan las movilizaciones por la salud pública — Noticias Obreras

7 abril 2024
Sindicatos y entidades sociales de Andalucía y Cataluña salen a la calle con motivo del Día Mundial de la Salud, que se celebra cada 7 de abril, en defensa del sistema sanitario público universal, con el apoyo de trabajadores cristianos de ambas comunidades, siguiendo el compromiso del Hermandad de Trabajadores de la Acción de la Iglesia Católica (HOAC) para la mejora de los servicios públicos.

El respeto y la atención a la dignidad humana contenida en el mensaje cristiano significa responder a las «necesidades vitales de cada persona para que pueda desarrollar todas sus potencialidades», entiende la HOAC, que en su última asamblea general invitó a toda la sociedad a cuidar de aspectos clave como “educación, salud, acceso a la vivienda, trabajo digno, pensiones dignas, atención a las personas más vulnerables, medio ambiente…”

“Ante la creciente tendencia al desmantelamiento y privatización de la salud, la educación, los servicios sociales y otros servicios públicos, como HOAC reclamamos políticas que estén al servicio de las personas y no condicionadas por su presunta rentabilidad económica”, se puede leer dentro una de las resoluciones de su última asamblea.

El presidente de las HOAC de Andalucía, Juan Díaz, explica que la militancia de las HOAC está presente y comprometida con la defensa de la salud pública partiendo de la consideración «de la defensa del bien común como principio fundamental en la vida de todas las personas que queremos seguir.» los pasos de Jesús de Nazaret”.

En concreto, la HOAC lanzó este año la campaña “Cuida el trabajo, cuida la vida”, que para Díaz supone defender la “calidad del trabajo, el trabajo digno para todas las personas, en este caso, aquellas que “trabajamos en lo público”. Sistema de salud.»

Por tanto, la defensa de la salud pública, a su juicio, es «una forma de cuidar la vida de toda la población para permitir la protección y promoción de la salud de todas las personas, especialmente en situaciones de mayor vulnerabilidad, ya sea económica, laboral o social”. Esto “sólo es posible si defendemos una sanidad pública de calidad, gratuita y universal”, afirma Díaz.

Desde su punto de vista, “el desmantelamiento de la sanidad pública en favor de la sanidad privada tiene un impacto en la población más vulnerable que no puede permitirse un seguro privado”.

El miembro de la HOAC de Málaga denuncia la «saturación de los colegios de primaria, con más de diez días de media para pedir cita con el médico de familia, las interminables listas de espera para tratamientos especializados o intervenciones quirúrgicas», además del abandono de » problemas de salud comunitarios”, algo que coincide con “el aumento del presupuesto transferido a la sanidad privada, que se traduce en multitud de pruebas diagnósticas e intervenciones”.

El deterioro de la salud pública, advierte, se debe fundamentalmente a «las precarias condiciones laborales de los trabajadores sanitarios, que soportan bajas laborales, vacaciones y jubilaciones no cubiertas, y a la falta de inversión en recursos humanos para mejorar la calidad de la atención», paralelamente con la «falta de profesionales que, una vez finalizada su formación en Andalucía, se marchan a otros lugares donde se ofrecen mejores condiciones, sin olvidar la mala gestión de los asuntos públicos por parte del Ayuntamiento».

El coordinador andaluz de Mareas Blancas, Integrado por diversas organizaciones sindicales, profesionales y vecinales, ha convocado manifestaciones en todas las provincias de la comunidad para exigir mejoras en la atención sanitaria.

La gestión del gobierno de Juanma Moreno Bonilla acumula críticas, especialmente por su orientación privatizadora, con un notable aumento de los acuerdos con empresas privadas. El traspaso del ex director del Servicio Andaluz de Salud a la aseguradora Asisa, aplazado temporalmente, ha inflamado los ánimos de los colectivos movilizados contra la comercialización y privatización de la asistencia sanitaria, que consideran que las medidas impulsadas por el Consejo están provocando «un deterioro planificado del sistema sanitario público, claramente contrario a los derechos de los andaluces».

Por su parte, Llum Mascaray, del HOAC de Barcelona, explica el apoyo de los trabajadores cristianos a Marea Blanca, porque «si algo nos enseña Jesús es a conmoverse ante el sufrimiento de cualquier tipo» y «la privatización de la salud pública, incluidos los intentos de excluir a los inmigrantes, provoca el deterioro de la salud de las personas». , con especial incidencia entre los más vulnerables.»

“Durante la pandemia aplaudimos mucho, y fue muy bonito, el trabajo de nuestras hermanas y hermanos en la sanidad, pero hay que seguir, más aún con lo que viene pasando en Cataluña desde hace una década, con la privatización progresiva y el uso de colaboración público-privada”, afirma Mascaray.

La Doctrina Social de la Iglesia propone una atención integral a la persona, lo que se traduce, a su juicio, en que «el derecho a la salud está íntimamente relacionado con todos los demás derechos sociales, como el derecho a la educación pública, a la residencia pública, a la vivienda…, pero tampoco hay salud sin paz».

Sin embargo, denuncia, «falta una gobernanza pública democrática, mientras que las multinacionales y las grandes empresas se ven incentivadas a acumular cada vez más riqueza y gestionar cada vez más sectores fundamentales para la vida de las personas».

EL Marea Blanca CatalanaEstrechamente vinculado al pensionista Marea, pide «una sanidad pública 100% universal y de calidad y una gestión directa de los bienes de los ciudadanos», por ello apoya un proceso de «privatización urgente, paralizando cualquier tentación que surja», además de deplorar » la situación de la atención primaria, las listas de espera, la situación extrema de los trabajadores del sector sanitario, así como las deficiencias en salud mental, salud pública, la brecha digital y la dificultad de acceso al sistema».

Dada la heterogeneidad de la asistencia en los diferentes territorios, espera una «participación social reforzada» y la modificación de la Ley 15/97, de la Ley 14/1986 General de Sanidad y también la revisión de la legislación autonómica con esta competencia transferida.