La gestión sanitaria de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía ha vuelto a ser denunciada y tachada de «complot vergonzoso» para «enriquecer al sector privado y no para salvar vidas humanas». En concreto, fue portavoz socialista de Sanidad, María Ángeles Prieto.días después de que la Justicia aceptara el trámite PSOE-Una denuncia contra Moreno Bonilla por abuso y malversaciónquien criticó los «vergonzosos» contratos sanitarios irregulares realizados por el Ejecutivo Popular.
Prieto ha subrayado que “se quitaron 758 millones de euros de la sanidad pública en beneficio de la sanidad privada”: “Se fueron a enriquecer la sanidad privada, no a salvar vidas humanas”.
“Ya sabíamos que del ‘Juanma lo haría’ al ‘Juanma te miente’ hay una línea muy delgada, que a él le gusta cruzar todos los días. Lo que no imaginábamos es que crearía todo un trama de espinas y contratos aleatorios Repartir dinero entre sus amigos”, añadió el socialista. En este sentido, Prieto llamó la atención sobre la falta de explicaciones del Gobierno de Moreno Bonilla sobre los 300 millones de euros que entregó a empresas privadas «a mano y sin control» utilizando el sistema de contratos de emergencia desarrollado durante la pandemia, pero cuando ya no había una alerta sanitaria y ese sistema fue derogado. Una cuestión sobre la que el Juzgado de Educación número 13 de Sevilla abrió una investigación tras la denuncia presentada por el PSOE-A.
y el Premios “fraudulentos” por un importe total de 458 millones de eurosya que los contratos fueron divididos por importes inferiores a 30.000 euros, convirtiéndolos en menores de edad, para evitar controles. “Y, mientras todo esto pasa, hay dos millones de andaluces en lista de espera, la atención primaria tiene colas como hace 30 años, los hospitales públicos se están desmantelando y los profesionales se van de Andalucía porque sólo les ofrecen contratos de un mes”, dijo indicado.
Por todo ello, para el socialista es «una auténtica lástima, la política sanitaria de Moreno Bonilla es deplorable», con un modelo centrado en «favorecer la sanidad privada en detrimento de la pública».
Destacó, por tanto, que a Moreno Bonilla «no le basta con ser líder» en la destrucción de la salud pública, sino que también quiere ser «el primero en tramar un complot para beneficiar a sus amigos de forma irregular, infringiendo la ley y violando los reglamentos.» De hecho, Prieto subrayó que su “modelo contractual fraudulento” es “rápido y fácil, en tres pasos”.
“Primero, consigue un contrato de un millón de dólares. Paso dos: se corta en trozos pequeños para eludir la ley de contratación pública. Y tres: regalan esas pequeñas partes en contratos más pequeños a sus amigos fugaces, sin publicidad y sin control”, afirmó, dejando claro que eso es “inmoral e ilegal”.
Ante todas estas maniobras que la socialista denunció se preguntó «¿dónde está el Juanma Moreno de 2018 que Dijo estar muy preocupado por la salud pública.«, y agregó que «muchas fotos parecen haberle nublado el juicio» y desde que está en San Telmo «lo único que piensa es en llenar los bolsillos de sus amigos», además de «los suyos propios».
La denuncia permite examinar la denuncia por malversación y prevaricación
En este contexto denunciado por María Ángeles Prieto, cabe recordar que recientemente el Juzgado de Instrucción Número 13 de Sevilla accedió a conocer de la denuncia presentada por PSOE de Andalucía el 20 de junio por presunta apropiación indebida y abuso por parte del gobierno de Juanma Moreno Bonilla sobre contratos aprobados durante la pandemia de Covid-19, que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) siguió utilizando hasta 2023, dos años después de su derogación legal.
Los documentos fueron firmados bajo el procedimiento 110/21 de 2021 a 2023 y para ello se utilizó un procedimiento de emergencia sin publicidad, control ni competencia, además de basarse en normas derogadas.
Hace aproximadamente un año, los auditores de SAS denunciaron el abuso de contratos de emergencia en el ejercicio 2021 por parte del equipo de Salud de Moreno Bonilla, procedimiento con el que llegaron a acuerdos por un valor total de más de 300 millones de euros, cantidad con la que Persiguieron a empresas privadas “sin justificación alguna”.
El órgano de supervisión de la Junta de Andalucía emitió un documento denunciando que el Consejo había realizado un uso «indebido» de los contratos mediante el procedimiento de emergencia -es decir, sin publicidad, competencia competitiva ni control preventivo- hasta un año después de conocer el impacto de la pandemia del Covid. , que establece que ya deberían haber regresado al tratamiento ordinario.
Ese informe de 138 páginas afirmaba que, en mayo de 2021, dado esto La pandemia “ya estaba muy templada”debió haber sido contratado “según el procedimiento ordinario”; pero el ejecutivo andaluz lo mantuvo modus operandi.
Por ello, el análisis reproducido por el SAS en septiembre de 2023 resultó «desfavorable» al Gobierno autonómico ya que las actuaciones del Consejo correspondieron a un «uso inadecuado o abuso» del sistema de contratos de emergencia durante ese año, cuando se llevaron a cabo. 126 consultas con un coste de 56,6 millones de euros.
