Tras el «vergonzoso episodio de acoso» practicado por un diario pseudodigital de El Puerto vinculado al PP, que días atrás publicó un artículo intimidante contra la periodista Teresa Almendros, delegada en el municipio de Diario de Cádiz, por haber completado su labor , la Asociación de Prensa de Cádiz (APC) consideró oportuno insistir en algo «obvio»: un recordatorio a las instituciones públicas sobre la necesidad de «la comunicación institucional, incluidas las campañas publicitarias e informativas, especialmente las financiadas con fondos públicos, para estipular con el Medios reconocidos como tales por los grupos de periodistas oficiales y siempre bajo criterios de transparencia y servicio público ”.
El citado sitio ofrece en un editorial datos sobre la vida privada de la periodista y también sobre su entorno familiar, incluidos los menores, «que van mucho más allá de una simple crítica, a la que todos estamos expuestos».
En este sentido, tanto la APC como el Colegio de Periodistas de Andalucía (CPPA) ya han solicitado la «rectificación inmediata» y «cese del acoso» de esta página que pretende ser informativa para los periodistas profesionales, así como «la retirada de campañas publicitarias públicas que apoyen este tipo de contenidos antidemocráticos ”.
La APC señala que los periodistas «son los custodios del derecho constitucional a la información», y entre las funciones de la profesión «deben registrar los hechos, informar o expresar opiniones con libertad, sin coacción, y cumpliendo con rigurosos criterios y veracidad». “Lo deseable sería una condena pública a este tipo de prácticas, pero al menos lo mínimo que se requiere de una administración pública es no promoverlas con su apoyo institucional”, dice.
Llegados a este punto, según DIARIO Bahía de Cádiz, la Asociación de la Prensa de Cádiz reitera a los poderes públicos «la necesidad de ser sumamente celoso en el uso de los fondos para contratar campañas de información, publicidad, redes sociales o cualquier otro mecanismo de público». visibilidad. para promover la transparencia de su gestión «, y que este tipo de portales web,» en todo caso no tengan acceso a fondos públicos, siempre que no se constituyan como medio de comunicación homologado y continúen con una dinámica contraria a cualquier principio ético profesional «. “Lo contrario -agrega- los convierte en cómplices de la precariedad y la intromisión en el sector periodístico, además de dañar gravemente la salud de la democracia”.
Desde hace años, los colegios profesionales de periodistas vienen pidiendo un mayor control de los recursos administrativos y la negociación de la publicidad institucional con los medios que lo demuestren por su trayectoria o por estar reconocidos e inscritos en el Registro Oficial de Medios Digitales de Andalucía (ROMDA). «Es necesario que los medios que reciben publicidad institucional satisfagan su condición de servicio público según criterios periodísticos que garanticen el derecho a la información de la ciudadanía», insiste.
Sin embargo, sigue siendo tristemente común y se presume que la Junta de Andalucía (ahora con un gobierno de derecha), la Diputación de Cádiz (ahora PSOE) y muchos municipios de diferente signo político (no todos), por nombrar solo algunos Las Administraciones Públicas del Medio Ambiente, continúan contratando y asignando sus campañas institucionales en base al mecenazgo y afinidad con el medio o pseudo-medio de línea en cuestión, ignorando otras publicaciones profesionales que también tienen ese «sello» ROMDA, por ejemplo.
