«Todos los contratos que celebramos en el SAS tienen como objetivo salvaguardar la asistencia sanitaria permitiéndonos una mayor agilidad», subrayó el Ministro de Sanidad, quien subrayó que el Consejo «respeta la ley». Los contratos menores, añadió, son una forma de contrato en la que «si la Intervención ha encontrado salvedades, éstas serán corregidas».
El pasado martes, la Junta de Andalucía calificó de «totalmente falso» que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) concediera 458 millones de euros por «fraude judicial» y argumentó que «ningún informe de auditoría lo dice». En este sentido, el Gobierno andaluz acusó al PSOE-A de tergiversar los informes de auditoría «suministrados» por el Gobierno andaluz a los socialistas, casualmente, al día siguiente de conocer un nuevo escándalo sobre enchufes y borrado de ordenadores. Caso, donde están imputados familiares muy directos de importantes cargos políticos del PSOE.
El Consell aclaró que los 458,3 millones de euros corresponden a la «suma de todos los contratos menores» en las centrales de compras de SAS de Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén en 2021. En estas cuatro provincias se celebraron 295.914 contratos menores y «los auditores analizaron sólo 573 contratos, 0,19%.» “Extrapolar algunas reservas de una muestra del 0,19% a todos los contratos menores realizados por SAS en esas cuatro provincias en 2021 para decir que todos violan la ley es una absoluta falta de rigor”.
El contrato menor es una «figura jurídica válida» para negociar y «en ningún caso se detectó desvío de fondos públicos», subrayó, al tiempo que aseguró que los contratos sirvieron para la compra de medicamentos, prótesis y marcapasos, entre otros materiales, que «Fueron suministrados, prescritos o implantados en pacientes que hoy tienen un problema de salud resuelto».
En este sentido, el Consejo lamentó que «el PSOE promueva acciones de desinformación en sus redes sociales para tapar sus escándalos» e invitó al secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, a «reflexionar y pulsar el botón de ‘stop'». la máquina de barro, con la que pretende manchar el prestigio del sistema sanitario público de Andalucía.
Finalmente, ha recordado que «fue el Gobierno andaluz el que facilitó al PSOE 68 informes de auditoría, en un ejercicio de transparencia sin precedentes en Andalucía, y el PSOE los utiliza de forma distorsionada, por pura casualidad, al día siguiente del descubrimiento de un nuevo Escándalo de sustracción y borrado de ordenadores en el caso Faffe, donde se acusa a familiares muy directos de importantes exponentes políticos del PSOE.
