Una muestra de los 17.518 contratos de emergencia firmados en 2020 por un total de más de 980 millones de euros, de los cuales el 90% pagado Servicio Andaluz de Salud (SAS) para la compra de insumos médicos, está sujeta a una inspección que Cámara de Cuentas este último en plena polémica por supuestas irregularidades en la gestión de estos fondos públicos que ya se han producido en otras comunidades autónomas.
Bajo la lupa de los auditores, cuatro años después de la pandemia de la covid-19, el resultado se conocerá en unos meses y, junto con otro informe en curso sobre residencias de ancianos y centros de día para personas mayores y personas con discapacidad, marcará la culminación del Tareas de la Cámara de Cuentas en el periodo marcado por el coronavirus. Previamente se verificaron las subvenciones culturales, con “el cumplimiento en todos los aspectos significativos”, y la contratación de personal, donde el organismo inspector Ya ha criticado la elevada rotación.
