El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha recibido, en medio de una ofensiva judicial por los contratos contractuales firmados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) sin amparo legal, un nuevo informe «desfavorable» de la Intervención General del Consejo respecto al año Financieras 2022 y 2023, que desmantelan su principal línea de defensa.
El Consejo se aferra a dos informes de su Asesoría Jurídica, elaborados a petición expresa de SAS en 2021, que aprueban prórrogas de los contratos de emergencia con clínicas privadas hasta el verano de 2023, pese a estar acogidos al marco legal permitido durante la pandemia cuando tenía ya ha sido derogado.