“Aún hay problemas de conexión”

Ricardo Puyol Sánchez, como magistrado, investigó casos como el de Malaya, entre muchos otros. Su dilatada experiencia le ha valido el nombramiento en 2021 para dirigir la recién inaugurada Oficina Antifraude de Andalucía. El objetivo de esta institución es prevenir e identificar posibles casos de corrupción o malas prácticas, para lo cual establece un canal directo con el denunciante.

—¿Cuál es la principal diferencia entre tener una oficina antifraude y no tenerla en términos de denuncia?

—La primera diferencia es la fácil accesibilidad. Es decir que esta accesibilidad en un fraude que constituye un delito existe también en la policía, en la Fiscalía, en los propios tribunales. Pero aquí existe una capacidad técnica ya que hemos implementado el canal externo para poder interactuar con el denunciante. Cuando no constituye delito, la otra vía es contactar directamente con los órganos correctivos de la administración pública, que suelen crear más obstáculos y tener un procedimiento regulado para contactarlos.

—En 2022 se registraron 35 denuncias, mientras que en 2023 fueron 464. ¿A qué se debe este espectacular aumento?

—Por supuesto, aquí hay dos procesos. En primer lugar, llevamos a cabo una intensa labor informativa dentro de la institución, que se extendió a todos los ámbitos del sector público andaluz. Y luego, en abril-mayo de 2022, implementamos primero la página web y luego el canal externo de denuncias, que como decía antes, normalmente facilita la comunicación bidireccional con la oficina. No tienes que acudir a un registro público, sellarlo, hacerlo por escrito, es decir, puedes hacerlo desde tu casa, lo único que necesitas es una red wifi, acceso electrónico.

—¿Cómo valora el nivel de sensibilidad de la empresa andaluza a la hora de informar?

—Bueno, Andalucía no se diferencia del resto de comunidades y si me apresuro no se diferencia del resto de territorios de la Unión Europea, es decir, estas mismas instituciones deberían haber nacido de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en 2003. Pero, por distintas razones, esto ocurrió a partir del año 2010-2015 cuando comenzó a aumentar. En 2019 se produjo un hecho muy significativo como es la promulgación de la Directiva 1987-2019 sobre protección de los denunciantes, cuyo eje normativo central es el establecimiento de un estatuto jurídico para la protección integral del denunciante. Y esto es una obligación de todos los estados de la Unión Europea, no es algo políticamente opcional ni discrecional, pero ya es una obligación regulada.

—A la hora de proteger al denunciante, ¿con qué mecanismos cuenta la Oficina?

—Básicamente tiene varios mecanismos. Primero, un mecanismo de autoridad. Si la actividad constituye delito, obviamente remitiendo el caso directamente a la Fiscalía, con un presunto delito de acoso. Si no llega a este nivel, tenemos capacidad correctiva para solicitar a la administración competente que corrija esta supuesta actuación hostil hacia el funcionario público y le informe que no se pueden soportar este tipo de conductas. Posteriormente llevamos a cabo funciones de asesoramiento jurídico, en particular hacia el denunciante. Disponemos de un servicio jurídico que se dedica fundamentalmente a informar sobre todos los elementos que tenemos a nuestro alcance para protegerlo plenamente. Y también tenemos funciones, entre ellas la de poder derivar el caso a un Servicio Andaluz de Salud que promueva, favorezca o facilite si se ha producido algún tipo de deterioro psíquico en el denunciante, y también poder derivarlo a un centro específico y servicio completo, que protegen desde esa perspectiva.

—¿Qué se puede hacer en materia de prevención?

—Tenemos abiertas varias líneas de acción preventiva. Este es uno de ellos, dar a conocer a todos los medios de comunicación la existencia de la institución para promover, incentivar y facilitar a las personas su uso y canalizar sus denuncias. Cuanto más se denuncia, más podemos saber de forma más estructurada qué irregularidades se cometen, en qué sectores de la Administración Pública se cometen y dónde se debe poner el énfasis en los informes que debemos presentar al Parlamento. Es especialmente necesario corregir Andalucía, que siempre considero el terreno fértil en el que se desarrolla la corrupción, es decir, las malas prácticas. Las malas prácticas de la Administración, muchas de las cuales no son corruptas, ni se cometen intencionadamente, sino que son dinámicas de actuación administrativa que se han establecido en la Administración y que, evidentemente, hay que corregir porque en un determinado momento no se cumplen. con las normas, por ejemplo, sobre transparencia, sobre integridad, sobre buen gobierno. Ahí es donde debemos influir. ¿Cómo lo haces? Pues sin duda, anticipándose a las actuaciones de la institución. Por este motivo, el canal de Denuncias y la promoción de su uso juegan sin duda un papel importante. Otra línea de acción preventiva es la línea pedagógica. Desarrollamos códigos de mejores prácticas, códigos de ética para todos los funcionarios públicos y donde tratamos de promover una política muy proactiva en términos de inculcar integridad pública dentro de cada funcionario y transparencia en todos los procedimientos que, de alguna manera, tienen un carácter más intenso. propensión a cometer irregularidades. Todos sabemos qué es: dónde está el dinero. Contratación pública, selección de personal, tratamiento del patrimonio público mediante subvenciones, etc. Ahí es donde debemos influir.

—En Jaén sólo se registraron 36 denuncias, el 7% del total. ¿Símbolo de limpieza institucional o falta de transparencia?

—Creo que es un símbolo de que todavía estamos en ese proceso de darnos a conocer. Hay pocas quejas, pero en muchas otras provincias ocurre casi lo mismo. Por eso estoy en Jaén, para relacionarnos con todas las instituciones públicas y darnos a conocer. También hay que tener en cuenta que precisamente en el año 2023 hemos decidido incorporar todas estas acciones de comunicación. Así que espero que este número aumente en el futuro.

—Entre las quejas, un gran número se refieren a la dotación de personal y la contratación. ¿Sigue siendo común colocar “con el dedo”?

—Esa es una gran pregunta y, si te soy sincero, no sé responder con seguridad. A veces hay problemas de conexión, claro que los hay. Debemos introducir elementos de prevención y anticipación del problema, que nos permitan identificar dónde se producen y reducir su campo de acción. Podemos imaginar que los lugares donde hay menos controles, o donde los controles tienen más matices, son los lugares donde es más probable que esto siga sucediendo. Pero afortunadamente esto no supone un problema nada grave a nivel de comunidades autónomas. Pero sí, evidentemente, es uno de los focos donde mayor número de fraudes y corrupción se fragua, no sólo en Andalucía, sino en toda España. Y aquí es donde debemos influir, por supuesto.

—¿Si hubiera existido esta Oficina, se habría producido el ERE?

—Es difícil poder responder a priori con algo que pasó. Lo que tengo claro es que una corrupción como la de los ERE, masiva, sistémica, sistemática, no se da de la noche a la mañana. Es un gran caso de corrupción porque todos los controles fallaron. Sin duda, una institución de este tipo hubiera sido, sin duda, un recurso muy eficaz para poder detectar que no se respetaban las objeciones que la propia intervención de la Junta de Andalucía planteó respecto a las perspectivas presupuestarias. Se habría disparado una alarma adicional, y no habría generado todas las consecuencias que finalmente surgieron.