SEVILLA, 10 de enero (EUROPA PRESS)-
La Junta de Andalucía prevé poner en vigor dentro de un año la prometida ley contra las agresiones al personal sanitario, que incluirá la puesta en marcha de un Observatorio para prevenir estos actos y un régimen sancionador que proteja a los profesionales mediante la imposición de sanciones económicas a sus autores.
Así lo afirmó la ministra de Sanidad y Consumo, Catalina García, durante un encuentro mantenido este martes con el director del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), que preside Jorge Fernández Parra, quien le agradeció su disponibilidad para una atención constante. Diálogo y concertación sobre actuaciones implantadas en el sistema sanitario público de Andalucía.
Entre los principales temas de interés abordados durante el encuentro, García hizo especial hincapié en la Ley contra las agresiones al personal sanitario cometidas por el presidente del Gobierno, Juanma Moreno, en un escenario en el que «están aumentando en la sociedad las agresiones y los conflictos, no sólo dirigidos contra el personal sanitario, pero también se ha producido un aumento exponencial de los ataques a las Fuerzas de Seguridad, a la comunidad educativa o al entorno familiar.
En declaraciones a los periodistas tras el encuentro, el Ministro de Sanidad subrayó la necesidad de impulsar una ley que «proteja a los trabajadores de la salud, que son quienes nos cuidan desde que nacemos hasta que morimos y que realizan su trabajo en base a juicio clínico.» mirando siempre el bien de la persona y tratando de mejorar su calidad de vida y salud.
«Nuestro papel nunca puede ser resolver un conflicto mediante la agresión y trabajaremos en esto con una ley muy poderosa que incluirá la implementación de un Observatorio Antiagresión y un régimen de sanciones para proteger a los trabajadores de la salud en el terreno». trabajo», añadió Catalina García, quien precisó que el Ministerio ya tiene un borrador de la futura ley que estará operativa dentro de «un año».
Preguntado por el régimen de sanciones previsto en la ley, el concejal ha subrayado que se incluirán sanciones económicas, «que muchas veces suelen ser las que más duelen y nos hacen pensar» más allá del propio proceso judicial.
A la reunión con el MCCA también asistieron la viceministra de Sanidad y Consumo, María Luisa del Moral; el director general del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y la directora general de Humanización, Planificación, Coordinación y Atención del SAS, Inmaculada Vázquez. Por parte del MCCA, los presidentes de los colegios de Málaga, Pedro Navarro; de Córdoba, Carmen Arias; de Almería, Francisco Martínez; de Huelva, Mercedes Ramblado; de Jaén, Gerardo Pérez; de Sevilla, Alfonso Carmona, así como el secretario general técnico-jurídico, Manuel Pérez Sarabia.
