La pandemia del Covid19 ha cambiado el funcionamiento de la Administración y también la relación que los distintos organismos públicos tenían con los ciudadanos. Una de las más evidentes fue la presencial para la realización de diferentes trámites, anulada en muchos casos, derivada en otros de trámites online o limitada a cita previa. A todo ello se sumó el aumento del volumen de trabajo en algunos organismos, como el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que tuvo que tramitar miles de expedientes de regulación laboral y realizar los trámites imprescindibles para que muchos de los afectados puedan cobrar el salario correspondiente. Esto obligó, entre otras cosas, a brindar un servicio de vigilancia a las oficinas provinciales del SAE “para la protección de 79 oficinas de las Oficinas de Empleo y centros pertenecientes a las Direcciones Provinciales del Servicio Andaluz de Empleo, contra la intrusión y los consiguientes riesgos a que están sujetos, con el fin de reducir las posibles perturbaciones del orden que puedan producirse y garantizar también la seguridad personal y material, indispensable para el normal funcionamiento de los servicios públicos y para la protección del interés público que debe prevalecer en todo momento. El contrato es de finales de 2020, se formalizó el 31 de julio de 2021 y su ejecución comenzó el 1 de agosto de 2021, por un plazo de un año, prorrogable por un año más a finales del 31 de julio de 2022. El la realidad es que todavía hay episodios de tensión en algunos centros.
