EL Ley de cohesión y calidad del sistema nacional de saludpromulgada en 2003, especifica que la salud penitenciaria Deberá ser proporcionada por los diferentes servicios sanitarios de cada comunidad autónoma. Sólo hasta hoy Cataluña, Navarra y País Vasco eran las regiones en las que se asumían estos poderes. El resto de territorios aún están a la espera de hacerse con el control de esta zona, administrada mientras tanto por el Ministerio del Interior a través de la Secretaría General de Institutos Penitenciarios. Sin embargo, algunos gobiernos regionales han tomado recientemente medidas en esta dirección.
Sin ir más lejos, el pasado jueves el Pleno del Parlamento de Andalucía aprobó una propuesta no jurídica -impulsada por el Partido Popular- en la que se insta al Consejo a negociar con el Gobierno central el traspaso de competencias sanitarias penitenciarias al Servicio Andaluz de Salud (SAS). «Los gestores y profesionales de la sanidad penitenciaria están firmemente convencidos de la necesidad y las ventajas de esta integración», según el diputado del PP. remedio olmedodurante su defensa de la iniciativa.
El texto aprobado por la Cámara andaluza precisa que el traspaso de estas funciones va «necesariamente acompañado del pago de la deuda residual con la Comunidad Autónoma».
En concreto, el texto que recibió luz verde de la Cámara andaluza prevé que el traspaso de estas funciones «va necesariamente acompañado de pago de la deuda pendiente a la comunidad autónoma y la correspondiente atribución a ésta de recursos económicos y humanos para el coste real y suficiente de la asistencia sanitaria prestada a los presos y que corresponde a la administración penitenciaria, garantizando la sostenibilidad del sistema sanitario público. el objetivo final de todo es llenar los huecos que experimenta la atención médica detrás de los muros de la prisión.
En la misma línea, el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad hace un año una propuesta que instaba al Gobierno a transferir competencias en la misma dirección. En este caso, impulsado también por el Partido Popular -junto con el BNG- y recogiendo la misma petición para que vaya acompañada de la dotación de recursos humanos, económico y materialSÍ necesario por el Ejecutivo Central. «La Xunta no aceptará una transferencia que no cuente con la financiación suficiente, porque la transferencia debe realizarse en unas condiciones que el Gobierno español no garantiza en estos momentos», subrayó entonces el diputado popular. Rosalía López.
Una de las causas que motiva la petición gallega es la preocupación por la escasez de personal sanitario, «derivada del enorme retraso del Ministerio del Interior a la hora de encontrar las plazas necesarias
Cabe mencionar que, en junio de 2021, el Parlamento de Galicia ya había solicitado la traslado a galicia de competencias en materia de salud penitenciaria por su asunción por parte del Servicio Gallego de Salud (Sergas), no obstante “«El Ministerio nunca se ha comprometido efectivamente a tomar las medidas necesarias» para hacerlo aceptable, explicó López, quien desveló que uno de los motivos que motiva la petición gallega es la preocupación por la falta de personal sanitario, «derivada del enorme retraso por el Ministerio del Interior al convocar la reunión lugares necesarios y las peores condiciones económicas y organizativasdel personal asignadoa los centros penitenciarios».
Asimismo, el presidente de Cantabria,María José Sáenz de Buruaga.aclaró a finales de 2023, como parte de la agenda de peticiones que pretendía trasladar a Pedro Sánchez durante la actual legislatura, que «no excluye» asumir más poderes, como la asistencia sanitaria penitenciaria. «No renunciamos a ninguna posibilidad que nos ofrece el Estatuto de Autonomía mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos», afirmó. Sin embargo, desde entonces no se ha avanzado en la inclusión de estas competencias en el Ministerio de Salud de César Pascual.
“En todas las prisiones dependientes del Ministerio del Interior, la calidad de la atención sanitaria está muy por debajo del nivel que disfruta la población general”
Otra de las Comunidades Autónomas que ha avanzado en la dirección de incluir la asistencia sanitaria penitenciaria dentro de sus competencias ha sido Baleares. «En Baleares Estamos en negociaciones para transferir la asistencia sanitaria a las prisiones. Creo que están avanzando a buen ritmo y qué pronto podremos alcanzarlos. un trato en este sentido”, afirmó hace dos años el secretario de Estado de Política Territorial del archipiélago, Alfredo González. Un claro ejemplo de la dificultad de concretar finalmente lo que preveía la Ley de Cohesión y Calidad del SNS hace más de 20 años .
UNA LARGA SOLICITUD PROFESIONAL
De la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), su presidente Joaquín Antón BasantaReiteró a ConSalud.es en varias ocasiones que «en todos los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior la calidad de la asistencia sanitaria está muy por debajo del nivel que disfruta la población general», ejemplificado también en las Comunidades Autónomas que cuentan con personal en el uso de sus competencias en la materia –Navarra, País Vasco y Cataluña– la camino a seguir del resto de regiones españolas para garantizar la mejor asistencia posible a la población penitenciaria.
“El Gobierno central y las comunidades autónomas, independientemente del partido político en el poder, continuaron como si nada durante 20 años”.
De esta manera, el directivo del SESP observó la «indiferencia» de quienes deben garantizar la salud de todas las personas, incluidas las que están tras las rejas. “El Gobierno central y las comunidades autónomas, independientemente del partido político en el poder, siguieron como si nada durante 20 años. no hay un interés real «Hace 15 años éramos un líder mundial galardonado.En este recinto».
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