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Un médico se sienta en el banquillo por recetar 286€ en medicamentos a familiares sin síntomas para enviarlos al Sáhara
Ibuprofeno, paracetamol, pomadas para la alergia, ansiolíticos o antibióticos son algunos de los medicamentos que SSAT, médico del SAS de Jaén, ha conseguido a través de 40 recetas con el objetivo de enviarlos al Sáhara, su país de origen. En total, los medicamentos prescritos ascienden a 286,46 €.
El martes 22 de marzo la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén sienta en el banquillo a un hombre acusado de un delito de falsedad en documento público y por el que se le piden cuatro años y medio de prisión y 15 meses de multa en la tasa de 10 euros diarios, además de la responsabilidad civil frente al Servicio Andaluz de Salud, principal afectado por las recetas falsificadas.
Según el escrito calificativo al que tuvo acceso este diario, los hechos se produjeron entre enero y julio de 2019. El imputado, que trabaja en los municipios de Peal de Becerro, Huesa y Quesada, habría utilizado a dos de sus familiares para obtener la droga . En concreto, «impulsado por el afán de obtener un enriquecimiento injusto», el imputado supuestamente se abastecía de medicamentos suministrados por las SAS y luego los transportaba a su país de origen, el Sáhara.
El hombre habría extendido las recetas a dos de sus familiares para la compra de medicamentos, específicamente a su esposa y cuñada, “en forma injustificada y sin el propósito de asistirlos, ya que ninguno tenía antecedentes médicos o patologías que exigidas tales prescripciones», indica el escrito de calificación del Ministerio Público.
De esta forma, con el mismo fin, aseguran a la Fiscalía en su escrito que el imputado «utilizó» su relación de confianza con dos médicos, colaboradores, para prescribir uno de los medicamentos, «que prescribieron sin sospechar el objetivo del imputado». .
Verano 2019
El hombre, según ha precisado, siguió recogiendo medicamentos hasta el verano de 2019, cuando fue descubierto por la Inspección Provincial de Servicios Sanitarios de la Consejería de Salud y Familias de la delegación territorial de Jaén.
En total, el perjuicio económico causado es de 286,46 euros y para el Instituto Nacional de la Seguridad Social asciende a 192,86 euros. Esto último es lo que exige la Fiscalía como responsabilidad civil para que el imputado pague si es condenado por los hechos denunciados.
