Miguel Ángel Guzmán, Viceconsejero de Sanidad y Consumo.
El pleno del parlamento andaluz aprobó este miércoles la nueva ley de la función pública por la que se acordó votar a favor de la PP y PSOE. Una norma que dará lugar a la aprobación del Proyecto Ley de la Autoridad de Profesionales del Sistema Público de Salud de Andalucía (SSPA) cuyo fin principal es erradicar las agresiones contemplando una serie de acciones para su protección jurídica y material, así como acciones de apoyo, incluso estableciendo un régimen sancionador para los agresores.
Miguel Ángel Guzmán, Viceconsejero de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía, explica a escritura medica que esta medida servirá para “fortalecer” el rol de autoridad pública que ya tienen los profesionales de la salud del SAS, aplicando una «connotación agravante» a los atacantes.
En concreto, lo que persigue esta ley, subraya, es “no dejar dudas sobre la interpretación que pueda generar la ley estatal que ya reconoce a los profesionales sanitarios como autoridad pública y reforzar aún más la protección que debe tener este personal. COMO, sobreprotegemos a nuestros sanitarios de cualquier agresión física o verbalreconociendo en todo momento su función como autoridad pública, lo que constituye una circunstancia agravante”.
Además, esta disposición reglamentaria incluirá un régimen sancionador contra los agresores con sanciones económicas proporcionales al daño causado. También se incluyen medidas, como la posibilidad de cambiar el médico del infractor cuando sea posible. «Ahora mismo Estamos definiendo el marco regulatorio de este régimen sancionador para que tenga una base legal que cumpla con el ordenamiento jurídico”Guzmán responde.
Otra de las novedades que prevé esta norma es el reconocimiento del personal administrativo de las SAS como autoridad pública. Esto, como reconoce Miguel Ángel Guzmán, permitirá frenar muchos ataques contra estos profesionales que han quedado impunes hasta la fecha. Y es que, de los 1.494 atentados que se produjeron en 2022, uno de cada cinco estaba en contra del personal administrativo. “Ahora este personal también está protegido”detalles.
Medidas disuasorias para detener los ataques
Además, Guzmán recordó que dentro del Plan de Prevención de Agresiones para profesionales de la SSPA, activado en 2020, se incluye la creación de un Observatorio de Agresiones, cuyo objetivo es proponer medidas viables, coherentes y pertinentes frente a las agresiones.
“Desde el final de la pandemia hemos percibido un aumento dramático en el número de ataques. Cabe recordar que el número de personal sanitario ha aumentado en 25.000 personas, por lo que la posibilidad de registrar un ataque es mayor. A pesar de ello, los ataques han disminuido proporcionalmente en el último año”.
En ese sentido, afirmó que la Ministerio de Sanidad y Consumo publica campañas de sensibilización dirigidas a la población, potenciando la actividad profesional y recordando que las agresiones son un delito previsto en el código penal. En este sentido, destacó la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en especial con la Guardia Civil y la Policía del Estado.
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