Él Presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Morenose encargó de explicar que el orden del Ministerio de Sanidad y Consumo en tpago de convenios y conciertos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con entidades públicas y privadas para la prestación de servicios de salud -incluidos los servicios de atención primaria- en los centros de salud no implica la “privatización” de la salud. Cuando una pregunta de este tipo llega directamente a la mesa del presidente, significa que ha calado en la opinión pública y, por tanto, los filtros para explicar los motivos de esta decisión no han funcionado.
Justo ayer, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó un Corrección del error para calificar una orden que entró en vigor el 3 de marzo. Esta corrección, en realidad, es un matiz que se podría haber hecho en el texto original y que pretende frenar la preocupación -«la patraña», en palabras del presidente- de una posible privatización que la oposición y los gremios sanitarios han demostrado.
El texto aclara que el objetivo es «garantía seguro público y gratuito para el usuario del servicio asistencial» y que lo que hace la Junta de Andalucía es recurrir a «la colaboración privada para la prestación del mismo sólo en aquellas situaciones en las que la cobertura provisional relativa a las garantías establecidas en materia de accesibilidad sea insuficiente en la situación actual en periodos de mayor demanda o en situaciones de emergencia sanitaria, salvaguardando el carácter público de la cobertura, tanto en atención primaria como en hospitales.
Con esa nota aclaratoria al BOJA, Moreno se presentó ayer en la sesión de control de gobierno en Parlamento de Andalucía y aprovechó, en su debate con el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, para garantizar que «por mucho que nos empeñemos en hablar de privatizaciones, esto no va a salir adelante, porque nadie va a pagar ni un euro». ciento para asistir a un centro de salud».
La publicación de las tarifas en el BOJA para la prestación de servicios de salud, incluida la atención primaria, había dejado claro a muchas personas que tendrían que pagar una cantidad, ahora o en el futuro, cada vez que fueran al médico. El Primer Ministro se dirigió directamente a estas personas para tratar de encubrir esta filtración dentro de su gobierno: “Nadie te va a pedir una tarjeta de crédito en cualquier centro de salud al que vayas. Y si eso pasa, llévame aquí a cualquiera que haya tenido que pagar un servicio público en un centro público de salud”, increpó Moreno Juan Espadas.
Los acuerdos sanitarios entre administraciones autonómicas y empresas privadas están generalizados en todas las regiones. De hecho, el Decreto Legislativo 209/2001 establece la garantía de tiempo de respuesta quirúrgica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía y establece una serie de procedimientos quirúrgicos (posteriormente ampliados) que, en caso de incumplimiento del plazo máximo de respuesta, obligan al Servicio Público de Salud a sufragar los costes derivados de la intervención en un centro privado.
La orden vigente, calificada ayer en el BOJA, establece el monto exacto por cada referido. Como hasta ahora, el Ayuntamiento abonará esta cantidad sin coste alguno para el usuario final.
Corrección que no convence a los sindicatos
Ni el BOJA ni las explicaciones del presidente andaluz han convencido a la oposición en el Parlamento. Espadas pidió que se retire por completo la orden y «poner de urgencia sobre la mesa de salud sectorial lo antes posible un plan de atención primaria». Por su parte, los sindicatos UGT, CCOO y CSIF han asegurado que la corrección introducida en el Boletín Oficial de la Giunta es una «fracaso, insuficiente e inconcreto» y un simple intento «crudo» de limitar el rechazo social y sindical. Desde otro sindicato, el SATSE, anunciaron protestas para los próximos 14 días.
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►El BOJA publicó ayer una corrección de los errores del decreto tarifario para «garantizar un seguro público y gratuito para el usuario de la prestación asistencial».
►En la pasada legislatura, la Junta de Andalucía pagó el Grupo Pascual 257 millones de las derivaciones hospitalarias de los directivos socialistas que no estaban sujetos a una ordenanza tarifaria, por lo que el precio lo fijaba la empresa.
►La nueva orden asegura que hay un precio máximo fijado de antemano en los referidos. La intención, en todo caso, es que se haga únicamente en situaciones de emergencia sanitaria.
