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Más de 200 especialistas demandarán a SAS y a su director de personal por «oposición punitiva»

24 enero 2023

Él plataforma, «OPE de castigo»de médicos especialistas afectados por cambios repentinos e irregulares en la Oferta de Empleo Público (OPE 18-21) presentará en breve una demanda contra el servicio andaluz de salud (SAS) y su Directora General de Personal, Carmen Bustamante«por vulnerar sus derechos profesionales y los de los ciudadanos a la salud”, que entienden está en peligro con las medidas tomadas recientemente.

Toda la situación estalla cuando SAS ofrece cientos de publicaciones publicadas en BOJA siguiendo el proceso habitual. Se abre el periodo electoral y pasados ​​unos días (con la mayoría de los oponentes teniendo su selección de sede legal completada y registrada electrónicamente) Se cambia por completo el número de plazas y su destino (dejando sin plazas los hospitales de referencia), con anestesia, radiodiagnóstico, nefrología y rehabilitación en las especialidades implicadas por un BOJA con número definitivo y número reducido de plazas que no satisface a nadie. “Parece que la administración está actuando en contra de sus propias acciones”, dicen los especialistas. Además, esta propuesta del SAS no resuelve la contradictoria existencia de decenas de traspasos que se han quedado sin ella por una supuesta falta de asientos en la OPE 18-21 que se ve que existen.

Anestesiólogos, radiólogos y rehabilitadores creen que lo que hizo el SAS con la reforma podría ser «un abuso de poder». “Los actos administrativos tienen una presunción de legitimidad y se presumen válidos, es decir, una máxima del derecho administrativo. pero ya Hay derechos adquiridos cuando se firma electrónicamente la primera lista de solicitudes hospitalarias”dice uno de los coordinadores de la plataforma.

“No más jugar a los dados con la vida familiar y profesional de los especialistas y por tanto de los ciudadanos”

“Se suponía que el SAS como administración iba a hacer una revisión de oficio de la publicación del BOJA del 10 de enero, pero no, chapotea y publica una modificación en el sitio sin haberla publicado en el BOJA, sigue haciendo referencia a la modificación de la lista de 248 plazas disponibles el 10 de enero en caso de anestesia y que una semana después pasó a ser 98 en un aviso irregular en la página web de SAS y sin ratificación oficial”. Esta diferencia en la oferta inicial de plazas y su posterior recorte sin previo aviso se ha producido con otros profesionales que también han presentado denuncias oficiales, como radiólogos y especialistas en rehabilitación. “Ahora hay profesionales que cuando van a hacer su elección se encuentran con un formulario electrónico que no tiene base en ningún BOJA, y aunque la tuviera choca de frente con la anterior”.

Consideran que deben ir a juicio y que «el caso ha avanzado mucho, porque con su petición firmada electrónicamente se han adquirido unos derechos que chocan con la nueva ley de administración. Además de los lugares que se han pospuesto para la reubicación, que se han quedado y que han desaparecido misteriosamente ante toda esta tontería.

“Cuando un profesional calificado hace una denuncia formal, no se limita a una opinión, hace un análisis de riesgo en un documento oficial y esto tiene implicaciones legales”

La plataforma profesional “OPE de Castigo” reúne a cientos de especialistas quienes pidieron que en primer lugar los traslados se resuelvan con un concurso extraordinario en el que se ofrezcan todos los destinos publicados a principios de enero, luego se elijan los aprobados en la OPE 18-21, en tercer lugar los que salgan del Concurso extraordinario OPE por mérito 2023 y, por último, los que superen el concurso extraordinario de la OPE para oposición 2023.

Aseguran que la decisión firmada en el BOJA por Carmen Bustamante puede provocar falta de cobertura en los lugares de atención con graves consecuencias para la salud de los ciudadanos asumiendo posible retrasos en el diagnóstico y tratamiento de numerosas patologías. Uno de sus coordinadores concluye diciendo que “cuando un profesional calificado hace una denuncia formal, no se limita a una opinión, hace un análisis de riesgo en un documento oficial y esto tiene implicaciones legales”.

Otras especialidades como ginecología, otorrinolaringología, cirugía general y traumatología están contactando con la plataforma aunar esfuerzos y exigir que todos los destinos reales disponibles acudan a las competiciones y «dejen de jugar a los dados con la vida familiar y profesional de los especialistas y por extensión de los ciudadanos».