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La Sala de Cuentas constata el incumplimiento del Consejo de los contratos de emergencia en la pandemia

4 agosto 2024

La Cámara de Cuentas ha identificado varios incumplimientos de los contratos de emergencia realizados por la Junta de Andalucía durante la pandemia. En el 32,34% de los contratos examinados (65 de 201 contratos, equivalente al 28,18% del importe total), se observó una mala planificación en la gestión de los contratos.

Según el informe, muchas de estas contrataciones respondieron a necesidades predecibles y programables, y no a situaciones inesperadas provocadas por la pandemia. En muchos casos, es decir, la necesidad de estipular contratos ya se conocía antes de la crisis sanitaria.

El informe, que examina los contratos gestionados por la Administración autonómica en 2020, cubre una muestra de 201 contratos por un total de 79,69 millones de euros. La Cámara de Cuentas recomienda una mejor planificación para permitir que estos contratos se ejecuten mediante procedimientos menos restrictivos, como la vía rápida o la tramitación urgente prevista en la Ley de Contratos del Sector Público.

La Cámara de Cuentas también sugiere limitar el uso de tratamientos de emergencia a lo estrictamente necesario y utilizar, cuando sea posible, procedimientos alternativos menos restrictivos. Además, recomienda al Servicio Andaluz de Salud establecer protocolos y procedimientos estandarizados para estandarizar la contratación de urgencia y realizar adquisiciones centralizadas para obtener mejores precios.

El informe critica la calidad de la información contenida en el Registro de Contratos de la Junta de Andalucía, destacando que existen errores y confusiones que dificultan la elaboración de un listado definitivo de contratos de emergencia. También se destaca que sólo el 23,8% de los contratos fueron publicados y que en el 57,2% no se identificó al responsable del contrato.

A pesar de estas observaciones críticas, la Cámara de Cuentas concluye que, en términos generales, la actividad contractual de la Junta de Andalucía durante la pandemia se ajustó a la legislación aplicable.