La gestión sanitaria sigue salpicada de sombras e irregularidades en Andalucía. La derivación a los servicios privados de la Servicio Andaluz de Salud (SAS) con precios inflados y cientos de millones de euros que fluyen de las arcas públicas a los particulares bajo el paraguas de los contratos de emergencia COVID continúan dando al gobierno moreno bonilla.
Las exigencias administrativas y normativas estaban a dieta para digerir el atracón de necesidades que ha provocado el COVID en nuestro sistema sanitario, sin embargo, la junta de andalucia incumplió su propia regulación en estos controvertidos contratos. El Consejo de Gobierno no fue informado a tiempo. No se respetó el proceso colegiado de decisión y transparencia en la adjudicación de contratos por más de 200 millones de euros en tres años.
Con el Decreto Ley, de fecha 16 de marzo de 2020, se anunciaron medidas de apoyo financiero, fiscal y de agilización de procesos administrativos en la emergencia por la pandemia; pero este Decreto ha fijado unas reglas mínimas: las medidas podrían ser trasladadas a la Junta Directiva con carácter retroactivo, dado el contexto de emergencia de la pandemia. Pero siempre, deben ser anunciados por el consejero de rama en un plazo máximo de seis meses confirmar la existencia de crédito adecuado y suficiente. Los contratos sanitarios andaluces con el sector privado llegaron al Consejo de Gobierno hasta once meses después.
La atención complementaria de salud para el SAS data de enero, que encomendaba a sujetos externos la ejecución de operaciones quirúrgicas y diagnósticas por sobrecarga de público, pero llega a la Junta Directiva recién el 28 de diciembre de ese año, que, según todos, formaliza una decisión más de lo que se tomó y asumió. Por cierto, esta ausencia en la agenda del Consejo tiene como consecuencia que estos contenidos no hayan podido ser expuestos a los medios de comunicación ya la sociedad en la rueda de prensa informativa de los consejos.
243 millones fluyendo fuera de control
Entre los expedientes recibidos con retraso en el Consejo de Administración, además, los contratos eran mixtos que respondían a diferentes necesidadescomo los mencionados procesos quirúrgicos y analíticos, pero también de cribado o unidades móviles de vacunación.
Los contratos con la sanidad privada desvelados por El Diario siguieron la estela de una modalidad contractual estimada inicialmente en unos 117 millones de euros. Una cifra elevada que, en tres años, podría superar los 240 millones de euros. Los contratos, al amparo de la suspensión de obligaciones administrativas de la Real Decreto Ley 7/2020se prorrogaron hasta después de mayo de 2021, a pesar de que el BOE derogó entonces el atajo legal del Real Decreto.
Él baile de figuras tiene una enorme bifurcación de decenas de millones de eurosya que los contratos no están expuestos en su totalidad en el portal de licitaciones, pero el procedimiento se prolongó hasta este verano, a pesar de existir informes de la Dirección General de Contratación de la Junta de Andalucía advirtiendo, ya en junio de 2021, que el volumen de contratos no era «conciliable con la situación actual de la pandemia».
Desequilibrio a favor de los particulares
El malestar en los baños andaluces ha marcado los últimos cursos, con distancias en la tabla del sector sanitario y continuas manifestaciones de las principales entidades representativas. El baile de cifras millonarias que ha llovido sobre el sector privado. Ocurrió en las mismas fechas que el SAS disparó 8.000 baños refuerzo de contratos con los Fondos Covid.
Además, el Consejo ha levantado ampollas en los sectores más precarios de la salud pública cuando ha cobrado servicios que se deslizó en la privacidad con precios inflados, como denuncian los baños. El malestar y el distanciamiento tienen síntomas claros, como el hecho de que un responsable regional del SAS de Osuna (Sevilla) pida a los directores y coordinadores de atención primaria que, en cuanto haya más concentraciones, llamen directamente a la Guardia Civil.
La oposición denuncia el secretismo del Consejo
Las filas socialistas se quejan de los prolongados silencios del Gobierno ante las solicitudes de información. EL falta de transparencia Es un modelo constante en el sector sanitario, de hecho, califican la respuesta de la Junta como un veto al control de los grupos parlamentarios. «No quiere hablar» de la contratación irregular del SAS y eso es «muy grave», denuncia el PSOE-A.
«No creemos que nos veten cuando le piden al presidente del Gobierno contratos irregulares de emergencia con argumentos como que el presidente no debe tomar partido en cuestiones legales», dijo el portavoz socialista. angeles ferriz. Los socialistas han llegado a reformular la cuestión en cuatro ocasiones, pero el asunto no ha sido tratado por el Consejo del Parlamento andaluz.
Mientras, Andalucía tiene 4 de las 11 peores provincias, en el ranking de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), que ha alertado de la necesidad de 10.000 nuevos médicos en el Sistema Nacional de Salud desde el final de la pandemia.
