Casi 21 millones de euros por 68 días, entre el 1 de abril y el 7 de junio de 2022. Esto es lo que recibió el grupo Pascual por un contrato verbal declarado desierto. La Junta de Andalucía lo aprobó en consejo directivo celebrado el pasado 23 de mayo, cinco días antes de las elecciones municipales.
La Junta de Andalucía ha validado así la propuesta de Servicio Andaluz de Salud (SAS) por el pago de 20,87 millones de euros al Grupo José Manuel Pascual Pascual SA por la prestación del servicio en sus centros sanitarios de la provincia de Cádiz. El contrato que el Ayuntamiento ha declarado desierto tiene que ver con la prestación del servicio en los hospitales del grupo Pascual de El Puerto, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín.
En octubre de 2022, el director del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Diego Vargas, inició de oficio un procedimiento de revisión por la declaración de nulidad del “contrato, sin formalización alguna, con la empresa José Manuel Pascual Pascual SA para la prestación de servicios de salud» en estos tres centros de salud. El 9 de marzo de este año, el ejecutivo de SAS acordó declarar esta nulidad y pagar al grupo esos 20,87 millones.
El SAS firmó en junio de 2017 un contrato de disponibilidad asistencial de estos tres hospitales homologados del grupo José Manuel Pascual en la provincia de Cádiz, cuyo plazo de ejecución era de cuatro años desde su formalización y vencía el 7 de junio de 2021.
“Esta dependencia reconoce mediante certificados emitidos por la Dirección General de Salud y Resultados en Salud, de fecha 20 de mayo de 2022, para el mes de abril de 2022, 17 de junio de 2022, para el mes de mayo de 2022, y 4 de julio de 2022, para el período comprendido entre el 1 y el 7 de junio de 2022, aún sin contrato alguno, continuó la prestación de asistencia a los usuarios de SAS, por parte de los Hospitales de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín, ya que no fue posible interrumpir la asistencia prestada ”, afirma el informe del gerente de SAS.
Y la atención de pacientes sin contrato lleva a la SAS a indicar que “se entiende que la asistencia prestada debe ser pagada para que el contratante pueda asumir sus obligaciones laborales, tributarias y otras”. El SAS concluye que «se trata de un acto nulo de derecho» y que procede a continuación a la «revisión de oficio para la declaración de nulidad… del contrato estipulado entre el Servicio Andaluz de Salud y la empresa José Manuel Pascual Pascual SA, para la prestación de asistencia sanitaria especializada, con carácter programado y urgente, a los usuarios de la citada agencia, en los hospitales titularidad de la empresa en los municipios de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín”.
Esta propuesta de resolución del contrato y su posterior pago por el servicio recibido ha contado con el visto bueno del consejo jurídico del SAS y del Consejo Consultivo de Andalucía, aunque este organismo se ha declarado a favor de que este colectivo sanitario perciba un 6% por beneficios industriales. , tal y como recoge Clínicas Pascual en las facturas enviadas a la Junta de Andalucía. En este caso, la cantidad adeudada habría ascendido a 22,12 millones.
Entre las «razones» para el desembolso de este beneficio industrial, a juicio del Consejo Consultivo, se encontraban «primero porque los servicios están incluidos en el contrato originalmente prestado. Segundo porque existe un claro interés público en mantener el servicio tal y como está es un servicio público básico esencial a través del cual se garantiza la asistencia a los núcleos de población afectados que de otro modo no tendrían cobertura sanitaria”, y añade que “fueron acordados a falta en ese momento de una nueva licitación por parte del Órgano de Contratación del que ya era contratista, por lo que no es razonable pensar que el contratista debería haberse negado a realizar el servicio encargado».
Este pago se suma al acuerdo que fue validado por el Pleno del Parlamento de Andalucía el 12 de diciembre de 2022, un decreto que autoriza a las SAS a firmar un acuerdo transaccional con el grupo José Manuel Pascual Pascual SA, por el pago de 121 millones a la empresa a desistir de los procedimientos judiciales abiertos contra la Junta de Andalucía por resolución de contratos anteriores.
La Junta de Andalucía tiene previsto liquidar esos 121 millones en cinco anualidades de 24,21 millones, la primera anualidad de las cuales fue antes del 31 de marzo de este año, y las sucesivas anualidades se abonarán antes del 31 de diciembre de 2023, 2024, 2025 y 2026. Este El acuerdo fue aprobado por PP y Vox y rechazado por PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía.
La ministra de Sanidad y Consumo, Catalina García, argumentó en su defensa de la iniciativa ante las Cortes Generales que este arreglo extrajudicial salvó a las arcas públicas autonómicas un 55% ya que el crédito legal de la empresa era de 242 millones más intereses, que era de 39 millones de euros. El regidor reconoció que se trata de «un gasto extraordinario del SAS» pero que supondrá un ahorro en previsión de evitar la acumulación de sentencias judiciales favorables al Grupo José Manuel Pascual.
García apoyó entonces la disputa entre la Junta de Andalucía y las clínicas Pascual según la cual el SAS utilizó tres hospitales de Cádiz entre 2014 y 2017 «sin firmar un documento» y que eso supuso destinar 407 millones a las clínicas Pascual, que necesitaban 240 millones sin interés.
