Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía, descubrió hace unos días que, disfrazado de orden, elaborado con un punto de opacidad (sin contar los sindicatos) por parte del gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, se ha ocultado una gatera reglamentaria que claramente permite a la Junta de Andalucía pagar a las autoridades sanitarias las visitas de atención primaria, las de los centros de salud atendidos por médicos generales, hasta un máximo de 65 euros por cada paciente.
La denuncia pública de Nieto y la coalición que representa (entre la que se encuentran Podemos, IU, Más País, Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz) ha levantado un amplio clamor político que ha puesto en aprietos al Gobierno andaluz, que ha negado que la idea es privatizar la Atención Primaria y que sólo se trata de tener una previsión de emergencias, en un momento de crisis en los centros de salud, con continuas protestas y concentraciones y una huelga indefinida convocada por un sindicato de empresa de nueva constitución.
En esta entrevista con PúblicoNieto explica qué implica, a su juicio, esta ordenanza y deja estos mensajes sobre cómo gestiona el PP la sanidad cuando gobierna. “La Junta de Andalucía aplica el modelo del PP, que ha destrozado la sanidad donde ha estado durante años. Si tu prioridad es que no falle el margen de beneficio de las empresas, lo que te queda para reforzar la sanidad es poco”.
¿Por qué es tan importante este cambio de reglamento y en qué consiste a su juicio?
Porque abre la puerta a una situación que antes no existía en Andalucía y es que toda la asistencia sanitaria que pueda necesitar una persona en Andalucía probablemente la vaya a dar una empresa privada. Toda la asistencia sanitaria en Andalucía, incluida la atención primaria, puede ser proporcionada por una empresa privada. Anteriormente, la Atención Primaria siempre la realizaba el Servicio Andaluz de Salud con personal sanitario. No es un cambio menor, Atención Primaria es el eje fundamental de todo el sistema.
¿Qué significa esto para el usuario?
Podemos hacer una analogía con situaciones cotidianas, que si no las has vivido, todo el mundo las conoce. Si te operan de cataratas o de cadera, vas en lista de espera y llega un momento en que te llaman y te dicen que si quieres operarte en tu hospital tendrás que esperar mucho tiempo, pero si quiere, puede demorar más rápidamente si lo remitimos a una clínica de este tipo. Esto es frecuente. Y si te preocupa y te dicen que te van a acortar el tiempo de espera, sueles ir a esa clínica privada. Esto podría ser algo como esto. Ahora que también hay que esperar la visita del médico de familia, te pueden decir: si no quieres esperar, te atienden donde el Consejo lo ha ordenado.
¿Crees que esto es parte de un elaborado plan del gobierno andaluz para avanzar en la privatización de la sanidad y que la mayoría de los impuestos vayan a las empresas privadas o es simplemente lo que dice el gobierno: prepárate para una emergencia?
La Junta de Andalucía no se caracteriza por su capacidad de innovar o crear. Aplican la misma receta que su partido, el PP, aplica allá donde gobiernan. Su hoja de ruta en los gobiernos autonómicos, que es donde se encuentran las competencias exclusivas de los servicios públicos, sigue una pauta. El problema es que este modelo no tiene éxito. Creemos que tiene que ser un servicio público, que es la mejor manera de garantizar la equidad. Pero más allá del debate teórico, este modelo de PP ha sido cuestionado en comunidades donde llevan muchos años haciéndolo y la salud está destrozada. Es el modelo PP. No es teórico, ya está aplicado y está lejos de tener éxito. Madrid es el mejor ejemplo del fracaso de este modelo. Y ahora quieren plantarlo aquí.
¿Por qué ir de forma privada en la gestión de la salud? ¿Es más eficiente, es más barato? ¿Es ideología?
No es más eficiente ni es más barato. Hay datos que lo desmienten. Significa que la administración no tiene que contratar más gente. Y esto es muy ideológico. Aunque España y por supuesto nuestras comunidades autónomas están muy lejos del personal público necesario para prestar los servicios, no solo en sanidad, sino también en justicia, educación, aunque así sea, y hay un desfase con otros vecinos países, somos el farolillo rojo en esto, la derecha se empeña en no querer más personal. La privatización les permite prestar el servicio a cambio de una tarifa, pero sin tener que tener más empleados públicos, que se necesitan con urgencia. Una de las cosas que ha dicho la Cámara de Cuentas, por ejemplo, es que falta personal para gestionar los fondos europeos. Esto tiene consecuencias y la forma de evitarlas es permitir que los ciudadanos sean asistidos por personal de empresas privadas que hacen negocios con este vital servicio y eso también implica que hagamos un traslado de ciudadano a cliente. Y esto en un servicio público no es algo bueno.
Faltan médicos, lamenta el PP, ¿esto es un problema de Andalucía o del Estado?
Estoy un poco cansada de escuchar esta excusa sobre la falta de personal de salud, porque es muy común y todos miran al gobierno central. Con respecto a este tema, tenemos escasez de personal de salud. Pero, por supuesto, las competencias exclusivas las ostentan las Comunidades Autónomas. Ellos deciden los contratos y su retribución, son ellos los que hacen posible o no compatibilizar el trabajo en el sistema público con las prácticas privadas… Así que, claro, cuando trazamos el mapa y vemos el incremento extraordinario de la facturación de clínicas privadas, van a contratar a esas empresas en alguna parte. No sé por qué el SAS no puede contratar en ese mismo sitio.
Eso sí, cuando vemos que SAS hoy ofrece contratos precarios, es normal que un médico, si tiene la posibilidad de encontrar un contrato más estable, mejor pagado o que respete su conciliación, se vaya. El sistema educativo andaluz hace un gran esfuerzo para formar a los sanitarios que luego son sorteados. En esto se trata de utilizar las instituciones andaluzas para desgastar al Gobierno central, porque todo vale. Con mejores condiciones, nuestro sistema sería más atractivo. El 80% de los últimos titulados de la Facultad de Enfermería de Cádiz trabajan fuera de Andalucía. Tenemos que pensar dónde está la responsabilidad, si en el gobierno central o en los que tienen poderes.
Con la cantidad de dinero disponible tras la pandemia y los contratos que se han hecho, ¿cómo es posible que la salud pública no haya mejorado? ¿Qué es en tu opinión?
Tiene que ver con la mala gestión. Esa fama del PP de ser un buen gestor de audiencias es como el mito de la muerte de la curva. Y el gasto farmacéutico es casi un tercio del presupuesto. Si quitas ese tercio de gasto, que lo dispara la terquedad [del Gobierno andaluz] en favorecer a las grandes multinacionales farmacéuticas y no farmacéuticas en la aplicación de la subasta de medicamentos recomendada por la Airef y por el propio Ministerio de Hacienda; si tienes parte de ese dinero del que te enorgulleces de fondos europeos, lo utilizas en puestos de trabajo y luego tienes una plantilla de personal sanitario a la que tienes que pagar aumentos salariales ya acordados, y si tu prioridad es que el margen de beneficios a las farmacéuticas y clínicas concertadas, al final lo que os queda para reforzar el servicio sanitario es poco.
Hay mala gestión y malas decisiones. También tiene que ver con el hecho de que una parte no desdeñable de ese presupuesto expansivo está vinculado a fondos europeos que van a la sanidad y se invierten en la mejora de hospitales o centros sanitarios públicos. Si está construyendo nuevos hospitales, ¿quién trabajará allí? Para trabajos que se están haciendo con dinero europeo y para los que no hay dotación de personal. No es necesario que lo apruebe si no dispone de espacios públicos de salud en los que albergar aquellos actos clínicos que pueda concertar.
¿El hospital militar de Sevilla, por ejemplo?
Claro. Ponga carga completa, necesitaría su modelo. Ahora lo comparte con la Virgen del Rocío. Lógicamente, todos los días leemos quejas de gente que acude allí a urgencias. Al final tienes un hospital con personal reducido, porque se comparte con otro. Y Moreno Bonilla en los últimos cuatro años de Gobierno del PSOE ha sido muy duro, pancarta incluida, con hospitales que no contaban con instalaciones propias. Recuerdo la polémica fortísima por la separación de hospitales en Granada. El PP lo dio todo allí, pidiendo hospitales llenos, con personal propio. Hablaban de las movilizaciones de las batas blancas, porque, decían, el modelo que quería implementar el gobierno anterior quería maltratar a los trabajadores y no aguantaban más ¿Dónde estaban ahora las manifestaciones públicas de Moreno Bonilla? ¿Quién habla de abrir hospitales sin su propio personal permanente?
No me cansaré de decir que no se trata de la oposición de modelos teóricos. Ya sabemos lo que significa para las personas no tener atención médica cuando la necesitan. ¿Queremos llegar a un centro de salud de Andalucía donde no haya médicos? Estoy convencido de que no queremos eso. Es hora de que el Gobierno rectifique e introduzca una ordenanza que concilie la obligación legal que tiene de promover la salud pública con la necesidad de contar siempre con la ayuda de la red privada cuando no llega en determinados momentos.
¿De qué viven las empresas sanitarias privadas? Viven porque los sistemas de salud pública fallan. Eso es todo. Para tirar por la borda las subidas de volumen de negocio, de conciertos que levanta cada año, la sanidad privada necesita un sistema público con problemas. Cuando la sanidad pública va bien, hay conciertos con la privada, puntuales, de refuerzo, estacionales, pero un sistema público fuerte le quita volumen de negocio a la privada.
¿Qué reflexión le provoca la forma en que trabajaron en este cambio normativo?
En la tramitación del pedido han puesto especial atención en que no se socialice en exceso antes de finalizarlo para aprobarlo finalmente. Eran plenamente conscientes de que lo que estaban haciendo estaba mal. Este gobierno habla más de lo que hace. Si eso le pareciera algo bueno, ya lo habría contado 17 veces. Su conciencia allí, en cuanto a lo que era correcto, no estaba muy clara. Lo habían desactivado. Utilizan el verano, justo después de los regionales. Hay una serie de elementos que dejan claro que esta hoja de ruta sería muy cuestionada si se hiciera pública, como lo hemos hecho nosotros.
¿Qué medidas piensa tomar frente a esta norma?¿Excluye el recurso a la ordenanza?
Lo que esperamos es que después de las denuncias de todas las fuerzas sindicales y las repercusiones que ha tenido, empuje a Moreno Bonilla a reflexionar. Necesitamos saber cómo detener estas prácticas que están trasladando a las personas a otras comunidades porque han destruido la salud pública. Este camino lleva allí. Espero que la indignación que ha causado los ayude a detenerse y darle un giro a este enfoque de privatización total. Ahora debemos centrarnos en hacerles entender que esta decisión genera y agrava problemas que ya tiene el sistema de salud pública y que deben mirar en otra dirección para solucionarlos.
Si el gobierno persiste, no nos quedaremos quietos, porque no pedaleamos al aire cuando decimos que esto daña el sistema público. Esto lo estamos viviendo en otras comunidades y también en Andalucía, donde tenemos zonas donde no existe una alternativa pública de atención sanitaria, como es el caso de las comarcas de las provincias de Cádiz y Huelva. Ya sabemos lo que pasa allí. No queremos ese modelo de Pulpí a Isla Cristina. Espero que reflexionen. Y enseguida, espero que para el próximo Pleno no sea necesario que registremos la solicitud de citación, sino que el Gobierno por iniciativa propia vaya a dar una explicación y no cuatro y falsas. Si ese es el modelo que defienden, que lo digan en las gradas y digan que todos los servicios de salud se los puede dar a una clínica privada. Si no, rectifica. Ahora estamos en esa etapa.
