Si algo me perdí en los debates fueron las propuestas concretas sobre políticas de empleo. Muchas polémicas distorsionadas sobre el desmantelamiento o fortalecimiento de los servicios públicos, sobre el acondicionamiento de las escuelas y lo que se enseña a nuestros hijos o sobre la fiscalidad, el crecimiento y sus efectos en el empleo. Sin duda, el crecimiento afecta la contratación de mano de obra, pero las políticas de empleo son otra cosa. Se trata de iniciativas de carácter microeconómico, porque están dirigidas a intervenir en un mercado específico, el del trabajo, cuyo objetivo es el ajuste eficiente entre la oferta (trabajadores) y la demanda (empresas).
Las políticas laborales configuran lo que conocemos como el marco de las relaciones laborales, tienen un fuerte componente normativo e intervienen en el mercado, sobre todo, por el lado de la oferta, el de los trabajadores. Sus cuatro baluartes fundamentales son la tipología de los modelos de contratación, la prestación por desempleo, el marco de negociación colectiva y las políticas laborales activas, siendo los tres primeros de competencia estatal y el cuarto autonómico. La reforma laboral de 2012 introdujo importantes cambios respecto al marco anterior, cuyas carencias llevaron a España y Andalucía a impulsar el paro en Europa. Aparentemente, limitó la diversidad de formas de negociación y descentralizó la negociación colectiva, reduciendo el papel político de los sindicatos y los empleadores. A pesar del contexto de crisis, logró un aumento significativo en la contratación, pero no pudo evitar un alto nivel de precariedad y un lento crecimiento de los salarios. La de 2022 se centró precisamente en estos dos aspectos: el fomento del empleo indefinido y la negociación colectiva, con el consiguiente retorno de la iniciativa política sindical.
En lo que también han coincidido las dos reformas es en relegar a un segundo plano el problema del paro, pese a ser el principal problema para el 53,8% de los andaluces, según Centra, y lejos del segundo (la inflación, para el 7,4%). La prestación por desempleo, también a cargo del Estado, hace tiempo que adquirió una dimensión sustancialmente financiera y se confunde entre las iniciativas de renta básica de las comunidades y el ingreso mínimo vital del gobierno.
El cuarto gran baluarte son las políticas activas de empleo, cuyo contenido fundamental es la intermediación en el mercado laboral (Servicio Andaluz de Empleo) y los cursos de formación para desempleados. Aquí la competencia es totalmente regional y las posibilidades de intervención son amplias y adaptables a los desequilibrios reales del mercado en cada lugar. El paro juvenil, el paro de larga duración o el paro de mayores de 55 años son una manifestación de la baja idoneidad de sus partes en Andalucía y, por tanto, un claro campo de actuación para mejorar las condiciones de empleabilidad de los desempleados. La realidad tras la crisis de 2008 y la proliferación de casos de corrupción en los cursos de formación es que las políticas activas están, en gran medida, desactivadas y los candidatos han decidido (quizás acordado) mantener la huelga fuera del debate.