Él Parlamento de Andalucía acogió este miércoles un tenso debate sobre el proyecto de orden del ejecutivo de Juan Manuel Moreno que no tiene que pasar por el Parlamento y que entrará en vigor en cuanto lo ratifique el Consejo de Gobierno. Esta es la controvertida norma de el Ministerio de Salud que permite, por primera vez, la derivación de pacientes de atención primaria a clínicas privadasy autoriza legalmente a sus médicos a hacer uso de los hospitales públicos para realizar exámenes y operaciones concertadas por la propia institución (que hasta ahora se realizaban en sus propias estructuras).
Toda la oposición en su conjunto impugnó ese borrador, que Salud publicó en su sitio web el 7 de julio, apenas un mes después de las elecciones regionales que Moreno ganó con mayoría absoluta. Casi nadie se dio cuenta entonces y casi nadie denunció la gravedad con la que resurgió este debate siete meses después, avivado por las protestas sanitarias en toda España -especialmente en Madrid- por la falta de recursos y personal sanitario público.
La bancada izquierda -PSOE, Por Andalucía y el grupo mixto Adelante Andalucía- también pidió la retirada o modificación del proyecto, a la espera de su aprobación definitiva. Pero la ministra de Salud, Catalina García, defendió enérgicamente la orden e hizo caso omiso de este pedido. La regla está en marcha, aunque su departamento no ha aclarado cuándo entrará en vigencia.
El debate sobre esta orden, aunque fuera de las competencias del Parlamento, ha sacudido como nunca la política andaluza, ya que el PP disfruta de la placidez de la mayoría absoluta con 58 diputados. Por primera vez el Ejecutivo se ha sentido irritado por el aguijón de una oposición a la que le cuesta encontrar resquicios con los que poner en peligro la estabilidad del Gobierno.
García se esforzó en desmentir categóricamente la más grave denuncia que la oposición atribuye a la ordenanza: “No privatizaremos la salud pública. No significa no. Creemos en el sistema de salud pública. Este gobierno no privatizará nada. Nada”, sentenció y repitió hasta la saciedad.
El concejal se aferró a esta consigna para evitar los puntos ciegos que arrastra la improvisada explicación de una disposición cuya elaboración ha pasado desapercibida, sin que la oposición ni los sindicatos sanitarios -salvo CCOO- presenten acusaciones contra el texto en el plazo establecido (segunda quincena de agosto). ).
Puntos ciegos estándar
Los puntos ciegos de las explicaciones oficiales de la institución, saltadas la polémica, saltan a la vista: ¿por qué incluir la atención primaria en la cartera de servicios que se derivan de la sanidad privada si la institución jura y perjura que no pretende utilizarla? O que solo lo utilizó en caso de «catástrofes, terremotos, pandemias…» ¿Por qué poner precio a las consultas del médico de familia por primera vez, justo cuando la atención primaria muestra síntomas de colapso en algunos distritos sanitarios y con sindicatos del sector? amenazando con ir a la huelga bajo la presión de la asistencia que reciben?
Son cuestiones que el debate no ha resuelto. Aunque la oposición los dejó por escrito en el diario de la sesión, la ministra de Sanidad había preparado una repetición de datos sobre grandes presupuestos e inversiones récord, un llamamiento a favor de la sanidad pública y un rosario de casos extraídos de la fase socialista del Gobierno desacreditar el discurso del líder opositor. Dos debates paralelos que no se tocan desde hace casi dos horas.
La presidenta y portavoz de la coalición de izquierdas por Andalucía, Inmaculada Nieto, respondió con severidad al comisario: «Si hubieran dicho eso antes del 19 de junio, [día de las elecciones andaluzas] tal vez no fuiste tú 58”. Nieto, que comanda un grupo jibarizado de cinco diputados, es quien desempolvó el borrador de la ordenanza en el momento político oportuno para que la onda expansiva sacudiera al Gobierno de Moreno, 24 horas después de la manifestación de 250.000 personas en Madrid contra el directorio asistencia sanitaria de Isabel Díaz Ayuso.
En realidad, la diputada y portavoz de Sanidad del PSOE, María Ángeles Prieto, había denunciado mucho antes la ordenanza haciendo hincapié en la apertura de los hospitales públicos a los médicos privados, pero lo hizo el 17 de agosto, en pleno verano, y el líder de la la oposición no ha sabido discriminar la importancia de este agravio del resto de los temas que trata a diario. Ni la situación mediática era tan favorable como el momento escogido por Nieto, ni la atención de la prensa estaba a la altura.
La noticia salió entonces, en algunos medios, centrada en el objetivo principal de la orden, que es «unificar» mediante el establecimiento de «una tarifa máxima homogénea para toda Andalucía, tanto en valor como en procedimiento», los precios que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) cobra a las clínicas privadas el envío de pacientes, operaciones y pruebas que se han triplicado en los últimos años tanto por el sobreesfuerzo de la pandemia como por la carencia estructural de médicos en la población.
El relanzamiento de este borrador, siete meses después, tomó por sorpresa a la Junta de Andalucía, que en un primer momento reaccionó ofreciendo varias respuestas contradictorias: que la mencionada ley no existía y la oposición la «inventó», que existía, pero yo no. nunca lo hubiera usado; que se utilizaría, pero «solo en caso de desastres, como terremotos o pandemias».
Nieto recordó al asesor que el mundo acababa de sufrir una pandemia y el Gobierno de Moreno disfrutó de todas las facilidades de la oposición en un Parlamento cerrado para aprobar «todos los decretos que sirvieron para salvaguardar lo nuestro». «No digas que esta norma se dicta por seguridad jurídica, porque no es creíble, y que es en el caso de que caiga un meteorito o aparezca Godzilla en el Guadalquivir…», bromeó el diputado.
Prieto Rodríguez también dejó una lista de preguntas sobre la plataforma que han quedado sin respuesta. «¿La empresa privada tendrá acceso a nuestros registros médicos en la pública?», dijo, tras culpar al Gobierno de Moreno de «competir con el de Ayuso para ver quién se ocupa primero de la salud pública». El socialista lanzó una serie de datos sobre los conciertos con la empresa privada a los que el concejal respondió con otras cifras.
La diputada por Adelante, Maribel Mora, acusó al cabildo de publicar la ordenanza «de noche y de traición, en plenas vacaciones de verano», «pero la sorprendieron in fraganti», añadió. “Si no vas a organizar la atención primaria, ¿por qué no sacarla de la orden? Y si lo conserva, ¿especificaría el orden en que se usará?”, preguntó.
El diputado de Vox Rafael Segovia subió al estrado con un discurso que leyó de principio a fin, con unas pautas generales sobre el modelo sanitario, equiparando al PP con el PSOE, y concluyendo que era necesario recentralizar las competencias sanitarias en Madrid. Su intervención sería válida para cualquier debate sanitario en esta legislatura o en la pasada, Segovia acaba de mencionar el orden que fue motivo central de la discusión. Por la mañana, el vocero del grupo ultraderechista, Manuel Gavira, puso en mala situación a la junta, que había ampliado el paquete de servicios atribuibles al sector privado -incluida la atención primaria- al acecho de una regulación sobre precios y tarifas.
La respuesta más dura a la oposición la ofreció la diputada del PP-A Beatriz Jurado. “¡Están obteniendo ingresos increíbles con esta ordenanza!”, dijo, y acusó a la izquierda de usar este debate para encubrir la controversia sobre las reducciones de sentencia para los delincuentes sexuales con la promulgación de la ley del sí es sí.
La concejala se sumó a este último argumento en su último discurso, que cerró el debate. García habló de «agresores y violadores que están saliendo a la calle» a raíz de la Ley de Garantía Sexual, el tema que más daño político está causando al Gobierno de Pedro Sánchez y a los socialistas. Es el arma pesada del PP para todo el año electoral, tanto para las municipales como para las generales. Al destacarlo en este debate sobre salud pública, en el que el Parlamento no ha tenido que votar nada, explica hasta qué punto el Ejecutivo andaluz ha aceptado el golpe de Estado de la oposición por primera vez en esta legislatura.
