La organización funcionaba según criterios jerárquicos y tenía perfectamente distribuidas las tareas que debía realizar cada uno de sus miembros, con el objetivo de asegurar la realización de la actividad ilícita.
el uso trabajadores extranjeros principalmente ucranianos, que subieron al barco para realizar la fabricación de cigarrillos cuales eran comercializado con el nombre «J5».
No se declaró oficialmente ni la actividad correspondiente ni la correspondiente actividad, por lo que no se pagaron impuestos especiales sobre los productos del tabaco, IVA ni altas en el sistema de seguridad social de los empleados, para lo cual se establecieron las normas básicas sobre jornada laboral y prevención de riesgos.
Salario de 500 euros
Con unas diez horas de trabajo casi seguidas, Pidían entre 500 y 700 euros al mes pero «no hay constancia» de que les hubieran pagado «de ninguna manera.»
Para parecer legítima, la organización utilizó una empresa que llevó a cabo la contrato de alquiler de nave agricola y otros dos comerciantes portugueses los cuales eran controlados para tratar de ocultar el destino de los bienes adquiridos por los demandados.
El 5 de diciembre de 2017, varios documentos y registros judiciales en el que se incautaron numerosos aparatos, maquinaria, vehículos, envases y tabaco en diferentes presentaciones, entre ellos 85.500 cajetillas y 4.535 kilos de tabaco triturado, cuyo valor asciende a un total de 2,27 millones de euros. A esto hay que sumarle el cantidad defraudada de responsabilidad civil, que asciende a 879.448 euros, de los cuales 681.930 corresponden al impuesto especial del tabaco y 197.518 euros al IVA, a los que hay que sumar los intereses correspondientes.
La Fiscalía considera que los integrantes del grupo son presuntos autores de los delitos de contrabando, vulneración de los derechos de los trabajadores y pertenencia a organización criminal, tanto en su modalidad de paternidad, como en su promoción, dirección y coordinación, y en que de actividad de participación activa.
