El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha establecido que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tendrá que indemnizar a una paciente que quedó embarazada a pesar de tener un DIU como anticonceptivo y que se sometió a un aborto fallidoluego tuvo un bebé lo que empeoró la enfermedad cardíaca que padecía.
Este organismo consultivo, con sede en Granada, ha difundido un informe en el que responde parcialmente a las peticiones del paciente, que pedía una indemnización de 220.000 euros, reducida a 26.000.
El dictamen de la Asesoría, al que tuvo acceso EFE, explica que en 2018 a la paciente le diagnosticaron una grave patología cardíaca -el síndrome de Loeys-Dietz- por la que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y por la que llevaba un marcapasos, un trastorno que empeora con los embarazos.
En febrero de 2019 decidió implantarse un DIU como método anticonceptivo, aunque en agosto de 2020 descubrió que estaba embarazada, consultó la información con un médico. ginecólogo y un cardiólogo y decidió interrumpir el embarazo.
Posteriormente se le realizó un legrado y cierre tubárico bilateral en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, un aborto y una medida para evitar nuevos embarazos.
Sin embargo, en noviembre del mismo año tuvo que regresar a urgencias del mismo hospital porque se sentía mal, y en ese momento le dijeron queTenía entre 18 y 19 semanas de embarazo.
El embarazo no deseado se produjo por el fracaso de la implantación del método anticonceptivo (DIU) y un aborto fallido, a raíz del cual tuvo un bebé de siete meses que empeoró su estado de salud y que también sufre del mismo corazón. enfermedad del paciente.
También reclamó por su hijo, a pesar de que el Consejo Consultivo rechazó una indemnización por los derechos del niño sin entrar en el fondo de la jurisprudencia sobre la «vida equivocada».
Aunque el hospital enfatizó que la tasa de éxito de un aborto es del 98%, la consultora reconoció que sorprende que en la documentación que se ofrece a las pacientes no se especifica esta información ni hay referencia a los riesgos que se presentan tras el legrado. el feto puede permanecer vivo.
Además, el consentimiento informado de la enfermedad aparece en la historia clínica de la operación, pero no está firmado por el interesado.
Con estos datos, el Ayuntamiento consideró que la falta de consentimiento informado provocó un daño moral que se sumó a un déficit sanitario, por el que SAS tendrá que indemnizar al paciente con 26.000 euros.