La Junta de Andalucía ha decidido este martes eximir a los extranjeros extracomunitarios de países no pertenecientes a la Unión Europea del requisito de la nacionalidad española para contratarlos como personal médico y de enfermería especializado dentro del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Para ello, un precepto recientemente aprobado Ley 5/2023, de 7 de junio, del servicio público de Andalucía.
El Gobierno de Moreno contrata a 400 médicos extranjeros por la falta de profesionales disponibles en Andalucía
Más
La ley, que obtuvo los votos de PP y PSOE, no entrará plenamente en vigor hasta seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), pero se ha adelantado la aplicación de algunas disposiciones adicionales. La disposición adicional trigésima tercera de esta ley establece: “Atendiendo a necesidades objetivas, el Consejo de Administración podrá eximir del requisito de nacionalidad a que se refiere el artículo 106, apartado 1.a) de esta ley, a quienes tengan la nacionalidad española o a quienes de cualquier Estado miembro de la Unión Europea- para el acceso al empleo público en los campos y sectores que se indican a continuación: Sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones y personal médico y de enfermería especializado».
El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno lleva meses aumentando el número de médicos extranjeros para cubrir el déficit estructural de su plantilla -entre junio de 2022 y enero de 2023 duplicó estos contratos-, pero trabas administrativas con los necesarios permisos migratorios otorgados por el Gobierno central frenaron su incorporación en momentos de fuerte presión sanitaria, tras el impacto de la pandemia.
En junio de 2022 había 413 médicos extranjeros afiliados al SAS, pero el pasado mes de enero la cifra alcanzó un pico de 932 contratos, destinados sobre todo a cubrir déficits en Atención Primaria. En todo el año pasado se han contratado 846 profesionales no comunitarios -de fuera de la Unión Europea-, la mayoría ciudadanos latinoamericanos que tienen más soltura gracias al idioma (México, Cuba, etc…). Actualmente hay 253, aunque la media anual de contratos ronda los 700, según datos del Ministerio de Sanidad y Consumo.
La excepción para la contratación regular de médicos extranjeros fue una medida autorizada por el Gobierno de Pedro Sánchez al inicio de la pandemia, en un momento de especial tensión en hospitales y centros sanitarios, con picos de asistencia propios del invierno, repunte del Covid-19. 19 contagios en residencias de mayores y varias convocatorias de paros en el sector. El Sistema Andaluz de Salud ha llegado prácticamente a cero los bolsillos de los médicos, recurriendo habitualmente a esta medida excepcional desde hace meses tanto en quirófanos como en hospitales.
Un «atasco» en los permisos de inmigración
Para que un médico de nacionalidad extranjera pueda darse de alta en el SAS, primero necesita un permiso de extranjería -la llamada tarjeta azul- que se tramita en las ocho subdelegaciones provinciales del Gobierno central en Andalucía o en la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos del Ministerio de Estado para la Inmigración (Ministerio de Inclusión y Seguridad Social). A principios de año, la Giunta y el Gobierno central hicieron una combinación de reproches porque el primero acusaba al segundo de provocar un «atasque» en la acreditación de permisos, ralentizando la incorporación de médicos extracomunitarios en el SAS a un ritmo momento especialmente crítico. , En invierno.
En 2022, las oficinas de extranjería de las ocho provincias recibieron 129 solicitudes de permisos, 107 concedidas y ocho aún estaban en trámite en enero de 2023, según datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Andalucía a este diario. En cuanto a las solicitudes que el Ministerio atendió directamente el año pasado, hubo un total de 273, de las cuales solo tres fueron rechazadas.
La ministra de Sanidad, Catalina García, ha presentado este martes al Consejo de Gobierno un plan para acelerar la contratación de sanitarios no comunitarios que «garanticen» la asistencia permanente en los puntos de urgencias, la atención primaria y la cobertura necesaria en algunas especialidades médicas especialista del Área.
La medida se aprobó en la misma semana en la que se hacía público el plan de cobertura de verano en los centros de salud andaluces, que reduce un 75% la asistencia vespertina y el cierre de camas hospitalarias, denuncian los sindicatos médicos. El grupo parlamentario de Vox criticó duramente esta decisión, poniendo en mala situación al Gobierno de Moreno, que tiene que recurrir a los extranjeros “ante la falta de salarios e incentivos laborales que obliga a los médicos andaluces a buscar trabajo fuera de Andalucía.
El SAS reconoce que se enfrenta a «serias dificultades» para disponer de personal médico. “La escasez de este personal limita la capacidad de ofrecer servicios sanitarios en Andalucía y en el resto del Sistema Nacional de Salud y ello se agrava en los periodos de descanso reglamentarios del personal, obligando a adoptar medidas excepcionales para la contratación de profesionales”, advierte el Ministerio de Salud.
Ante la situación en la que se encuentra el SAS en algunos sectores y especialidades médicas “para los que actualmente no es posible cubrir las plazas necesarias para garantizar la atención sanitaria”, el ejecutivo de Juan Manuel Moreno abre una vía legal para aumentar las contrataciones sanitarias en el exterior.
En Andalucía este recurso se utilizó principalmente para cubrir las carencias que agravan la situación en Atención Primaria, donde en enero estaban adscritos un total de 762 médicos extracomunitarios (81,7%). Los otros 170 médicos extranjeros son especialistas que han ingresado en los hospitales andaluces, tras ser acreditados por el Ministerio de Sanidad.
La contratación de médicos extranjeros es una opción «excepcional» a la que han recurrido sistemáticamente todas las comunidades autónomas en un momento crítico, en el que confluyen el aumento de las jubilaciones de médicos, el exceso de trabajo y el exceso de trabajo del personal sanitario durante la pandemia (que aún continúa). ), inconvenientes para los contratos de duración determinada y tensiones entre el colectivo y las Regiones, con huelgas y manifestaciones en los últimos meses.
Acreditación del Ministerio de Salud
El Ministerio de Sanidad gestiona el intercambio de médicos extracomunitarios, cuando aquellos profesionales disponibles para trabajar en el registro sanitario español. Las comunidades, que han cedido las competencias en la materia, pueden acceder a esta ayuda y elegir de la lista a los profesionales que necesiten, una vez que hayan consultado su perfil, su currículum y se hayan puesto en contacto con ellos directamente para ofrecerles un puesto de trabajo. .
Los médicos extranjeros con título homologado también pueden solicitar una oferta de trabajo del SAS publicada en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, antes Inem), siempre en las especialidades y bolsas donde ya no haya profesionales españoles para cubrir el puesto. Posteriormente, el SAS debe solicitar el permiso en la Oficina de Migración, a donde acuden los sanitarios preseleccionados para obtener el permiso.
Este documento es una autorización del gobierno central para la «residencia temporal por circunstancias excepcionales», que se puede conceder a los extranjeros que se encuentren en España por un período mínimo de tres años y tengan contrato o contratos de trabajo. Finalmente, el trabajador deberá solicitar el visado en el consulado español de su país. El procedimiento completo suele durar, en promedio, tres meses.
Los requisitos para obtener el permiso de residencia son: no ser ciudadano de un estado de la UE; no tener antecedentes penales en España en sus anteriores países de residencia; no ser impedido de entrar en España; no se encuentren dentro del período de compromiso de no retorno a España; haber permanecido ininterrumpidamente en el país durante al menos tres años; tener lazos de parentesco con otros residentes extranjeros o presentar declaración de arraigo que acredite su integración social expedida por la comunidad autónoma o por el ayuntamiento del municipio de residencia; y tener un contrato de trabajo firmado por el empleador (garantizando al menos el salario mínimo interprofesional).
Simultáneamente a la derogación del requisito de nacionalidad, el Gobierno de Moreno ha dado la voz de alarma por el aumento progresivo de las vacantes en puestos de difícil cobertura «por la inexistencia de candidatos o la no elección de dichos puestos por parte de los residentes que acaban no les resultan atractivos. La Junta de Andalucía insiste en que se trata de un problema estructural, que afecta a todas las comunidades, y advierte que sin un plan general de contingencia, la situación actual «podría llevar a la imposibilidad de mantener» la atención permanente en puntos de emergencia, primaria atención o la imposibilidad de proporcionar la cobertura necesaria en algunas especialidades”.